Punto muerto en Moncloa: La legislatura de Sánchez, un suicidio lento

El mensaje que llega desde Waterloo a través de José Luis Rodríguez Zapatero no podría ser más demoledor: "Esto no tiene mucho recorrido". En las brumosas negociaciones de Ginebra, el entorno de Carles Puigdemont le ha espetado a Moncloa que el Gobierno de Pedro Sánchez no solo intenta cumplir sus promesas —amnistía íntegra, oficialidad del catalán en Europa—, sino que debe lograrlo. De lo contrario, como en la metáfora de la casa que no se vende, no hay más que hablar. Las conversaciones están en "bloqueo total", prácticamente paradas, pendientes de caprichos judiciales y de la paciencia menguante de Junts. Así, la legislatura que Sánchez juró como "la más progresista de la historia" se hunde en un punto muerto que huele a finiquito prematuro.

No es casualidad. Sin presupuestos generales del Estado —bloqueados por la misma coalición que los precisa para sobrevivir—, sin una mayoría estable y previsible en el Congreso, el Ejecutivo navega a la deriva. Junts, ese socio imprescindible desde la investidura de noviembre de 2023, se ha convertido en el principal verdugo de las reformas: veta la reducción de jornada de Yolanda Díaz, exige un "consejo del poder judicial catalán" para avalar la Ley Bolaños y frena cualquier avance en justicia o economía. Mientras, el Tribunal de Justicia de la UE y la Comisión Europea cuestionan la amnistía como un trueque incompatible con los valores comunitarios, con sentencias pendientes que podrían dinamitar el frágil pacto independentista. Sánchez, ajeno a esta espiral de autodestrucción, se limita a sonreír en fotos y a culpar al PP de sus males. Sobrevive, sí, pero a costa de hipotecar el país.

Y en medio de este caos, la corrupción se extiende como una mancha de aceite alrededor de su círculo íntimo. De Ábalos, con sus maletas y sus sombras en Barajas, a Begoña Gómez, envuelta en investigaciones por tráfico de influencias; del hermano David, salpicado por contratos dudosos en la Diputación de Badajoz, al fiscal general Álvaro García Ortiz, cuestionado por su cercanía al poder. Casos que devorarían a cualquier líder en una democracia sana, pero que aquí se normalizan como el pan de cada día. Nos estamos acostumbrando, igual que nos habituamos a la amnistía: un escándalo que blanquea golpistas a cambio de sillones ministeriales, erosionando la separación de poderes y la confianza en las instituciones.

Sánchez aguanta, indiferente al deterioro democrático que gangrena España. La legislatura no es solo un bloqueo parlamentario; es un espejo de un Ejecutivo que prioriza la supervivencia personal sobre el bien común. ¿Hasta cuándo? El mensaje de Waterloo es un aviso: el reloj corre, y la historia no perdona la parálisis. Es hora de que la ciudadanía despierte de esta siesta tóxica y exija un Gobierno que gobierne, no que se enquiste en el poder como un parásito. De lo contrario, el suicidio lento de esta legislatura será el epitafio de una democracia en coma.