editorial
El caso Leire Díez escala un peldaño: Sánchez mandó a un emisario a la reunión de la fontanera en Ferraz
En la reunión, celebrada justo después de que se abriera la causa contra Begoña Gómez y del famoso encierro o “días de reflexión” del presidente, estuvo presente Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones y entonces miembro del Gabinete de Presidencia del Gobierno
El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, este jueves durante su intervención
El caso Leire Díez se complica y cada vez parece demostrarse más que el PSOE, desde su cúpula, activó una operación para interferir en investigaciones que alcanzan al entorno íntimo de Pedro Sánchez. La declaración de Javier Pérez Dolset ante el juez Zamarriego ha elevado la gravedad un escalón más: confirma que, en la reunión de Ferraz, celebrada justo después de que se abriera la causa contra Begoña Gómez y del famoso encierro o “días de reflexión” del presidente, estuvo presente Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones y entonces miembro del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Es decir, un enviado directo de La Moncloa.
No era una tertulia improvisada. Eran ocho o nueve personas, entre ellas Santos Cerdán –hoy en prisión preventiva– y el propio Hernando, discutiendo cómo proteger al partido (y al presidente) de las pesquisas sobre Villarejo, la UCO y Anticorrupción. Dolset lo ha ratificado: al día siguiente hubo una segunda reunión en las plantas altas de Ferraz. El objetivo no se disimula: obtener “información comprometida o irregular” de los mandos policiales y fiscales que investigan a la familia presidencial.
Las grabaciones aportadas por Ignacio Stampa son demoledoras. Leire Díez se presenta como “mano derecha” de Cerdán, reconoce hablar en nombre del PSOE y ofrece al fiscal su regreso a Anticorrupción a cambio de datos sobre Luzón y el teniente coronel Balas. Pérez Dolset remata: “El presidente ha dicho que esto se limpia caiga quien caiga”. Palabras que, dichas en mayo de 2024, suenan hoy a confesión.
Que la defensa de Díez intente ahora anular las grabaciones alegando “investigación prospectiva” o “provocación delictiva” no cambia la realidad: hay indicios sólidos de cohecho y tráfico de influencias que alcanzan la sede nacional del PSOE y el despacho presidencial. El juez ha reproducido las cintas ante los investigados. No hay vuelta atrás.
España asiste al espectáculo de un Gobierno que, ante la amenaza judicial, no duda en movilizar emisarios, fontaneros y empresarios para “limpiar” lo que haga falta. El peldaño que ayer subió el caso Leire Díez tiene nombre propio: Pedro Sánchez.