La nueva fiscal general de Sánchez, marcada por una decisión terrible: Teresa Peramato bajo sospecha

Teresa Peramato será la nueva fiscal general de Pedro Sánchez. Una afín, con idéntico perfil ideológico sustituirá a García Ortiz, condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo. Habrá quien diga que hay que esperar a ver cómo se comporta antes de emitir un juicio, pero no podemos permitirnos ese lujo. Y es una pena porque tiene experiencia y aparentemente currículum para ocupar el cargo. Pero lo cierto es que llega bajo sospecha, con presunción de servilismo a Sánchez por dos motivos. De uno de esos dos motivos ella es la responsable directa. El otro es culpa del presidente del Gobierno.

Empezando por este último es Pedro Sánchez quien, con su forma de actuar y pensar respecto de la fiscalía general, la pone bajo sospecha. Sánchez destruyó la apariencia de imparcialidad y de independencia de la fiscalía cuando nombró fiscal general del Estado a Dolores Delgado, su ministra de Justicia. Luego ella se encargó de certificarlo. Su sucesor y mano derecha, Álvaro García Ortiz, ha terminado condenado precisamente por plegarse a Sánchez y entrar en el juego de atacar a una rival política. 

Y ahora ella, si llega con intención de ser independiente, paga los platos rotos, como es lógico. Lo normal es pensar que si los dos fiscales generales de Sánchez fueron serviles y la tercera tiene el mismo perfil que los dos anteriores, pues Teresa Peramato saldrá rana. Es ella quien tiene que ganarse el puesto y demostrar su independencia, si la tiene, frente al Gobierno.

También está bajo sospecha por su propia actuación personal en el pasado. Esta señora avaló y defendió públicamente la "ley del solo sí es sí", impulsada por Irene Montero y aprobada por el Gobierno de Sánchez en 2022. Como fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025, la describió como una norma con "muchísimas cosas buenas" que representa un "paso adelante" en la protección de las víctimas de violencia sexual, al eliminar la necesidad de probar violencia o intimidación y exigir el consentimiento expreso. 

Es más, y esto es lo peor, la propia Teresa Peramato se opuso a la reforma de la ley una vez comprobado de manera empírica los efectos devastadores que tuvo, con la puesta en libertad o con la rebaja de penas de centenares de violadores y delincuentes sexuales. La futura fiscal general hizo caso omiso a la inmensa mayoría de los juristas que alertaron de lo que iba a pasar. Su posición denota un sesgo ideológico de tal calibre que parece nublar su entendimiento jurídico. El sectarismo por encima de la ley y de la justicia. Es decir, el mismo pecado que sus dos predecesores.