Lo que pactamos, y hoy olvidamos

La Constitución no es frágil. Frágil es la memoria de un país que ya no recuerda por qué la hizo.

España cumple 47 años de Constitución y, cada vez que llega la fecha, reaparece el debate sobre si el texto está viejo, si hay que reformarlo, si el país ha cambiado tanto que ya no cabe en aquel marco.

Sin embargo, se habla poco de lo esencial: la Constitución no fue un gesto de orgullo, sino un acto de superación colectiva. El país venía de la dictadura, de muchos silencios y de fracturas que parecían eternas; y, aun así, una generación entendió que el único camino era pactar.

Tuve trato cercano con algunos de aquellos protagonistas. No se sentían héroes. Eran políticos conscientes del riesgo: sabían que, sin una regla común, España corría el peligro de volver a romperse.

Suárez, Abril Martorell, González, Guerra, Fraga, Carrillo, Roca… políticos que recelaban unos de otros, sentados en torno a una mesa porque entendieron que la alternativa era la ruina colectiva. No construyeron un país ideal, sino un país posible. Y eso, en la historia de España, ya era una revolución.

Esa posibilidad —la de convivir sin destruirse— es lo que está en cuestión hoy. No porque el texto haya envejecido, sino porque el clima político ha renunciado al pacto.

La Constitución garantiza derechos —libertad, educación, igualdad— y recuerda deberes que casi nadie quiere asumir —respetar la ley, sostener el Estado, defender el país.

Con los años, ha dejado de ser un contrato cívico para convertirse en un inventario de exigencias sin responsabilidades. Un espejo incómodo que se evita.

Sobre el papel, la arquitectura institucional sigue en pie: el Rey arbitra, el Parlamento controla, los jueces juzgan. En la práctica, un poder ejecutivo que convierte el Congreso en oficina de trámite, que moldeó al fiscal general como un subordinado y que empuja a los órganos de control a la dependencia funcional.

La separación de poderes está escrita; otra cosa es que se respete. Esa batalla no es jurídica, sino política: preservar el límite frente a la tentación de eliminarlo.

El Estado autonómico nació para integrar, no como un sistema de privilegios. Décadas después, las comunidades que más poder han recibido son las que más lo utilizan para condicionar al Estado. No se negocia con territorios; se negocia con minorías que viven de la excepción. El artículo 2 habla de “unidad indisoluble de la Nación”. Hoy muchos lo leen con resignación, otros con ironía.

Lo que hoy está en marcha no es una revisión constitucional, sino una erosión gradual. La amnistía a condenados por delitos graves, los pactos con quienes rechazan el marco constitucional, la intervención de organismos públicos para blindar mayorías precarias… No es improvisación: es estrategia.

La Constitución no se derrumba de golpe; se desgasta desde dentro, por la excepcionalidad, por desconfianza.

La Constitución no envejeció. Lo que envejeció fue la voluntad de quienes la hicieron posible: la convicción de que el adversario no es un enemigo y que el poder necesita límites para no devorarlo todo. El problema no es el texto, sino quienes ven en él un obstáculo para su supervivencia. Un poder que gobierna desde la tensión y que concibe la excepción como norma no necesita una Constitución: necesita un pretexto.

Puede que el país no haya sido ejemplar en muchas cosas, pero supo, por una vez, elegir el camino de la convivencia. Si alguna vez ese pacto se rompe, no será por obsolescencia, sino por abandono. Lo difícil no fue escribirla. Lo difícil es sostenerla cuando el poder prefiere destruirla para seguir gobernando.

España lo hizo una vez. Ojalá no hayamos olvidado cómo.

A.M. BEAUMONT