editorial
El rescate de Plus Ultra pone al Gobierno contra las cuerdas: pagos para blanqueo de dinero venezolano
La investigación judicial ha destapado que la SEPI no sólo conocía, sino que autorizó, el uso de parte de esos fondos para devolver préstamos millonarios concedidos por sociedades offshore
Pedro Sánchez y Zapatero en un acto del matrimonio igualitario
El escándalo del rescate a la aerolínea Plus Ultra, aprobado en 2021 por el Consejo de Ministros con 53 millones de euros públicos, vuelve a salpicar directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo que en su día se presentó como una ayuda estratégica para una compañía aérea con rutas a Latinoamérica, se revela ahora como un vehículo sospechoso para operaciones opacas vinculadas a fondos ilícitos procedentes de Venezuela.
La investigación judicial ha destapado que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no solo conocía, sino que autorizó, el uso de parte de esos fondos para devolver préstamos millonarios concedidos por sociedades offshore en Gibraltar y Suiza, tal y como desvela el diario El Mundo este viernes. Estos préstamos, por un total de 1,3 millones de euros, provenían de entidades controladas por un empresario holandés investigado en Suiza y Francia como presunto líder de una red de blanqueo de capitales conectada a altos cargos del régimen chavista. Los contratos incluían cláusulas que obligaban a su devolución automática una vez recibido el dinero público, con intereses elevados y comisiones adicionales.
La Fiscalía Anticorrupción considera estas operaciones delictivas, al servir presuntamente para lavar dinero procedente de malversaciones en programas como los CLAP y ventas irregulares de oro del Banco Central de Venezuela. Plus Ultra, con mayoría de capital venezolano en el momento del rescate, justificó los préstamos como "puente" por demoras en la ayuda estatal, pero los pagos se ejecutaron inmediatamente tras la inyección de fondos, aprobada a propuesta de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Este caso expone una grave falta de control en el uso de dinero público y plantea serias dudas sobre la diligencia del Gobierno al conceder la ayuda, pese a informes iniciales desfavorables y la mínima cuota de mercado de la aerolínea. La oposición tiene ahora argumentos sólidos para exigir responsabilidades políticas. El Ejecutivo está contra las cuerdas: o explica cómo permitió que fondos españoles acabaran en paraísos fiscales ligados a corrupción extranjera, o asume las consecuencias de un rescate que huele a favoritismo y opacidad.