Begoña Gómez, en guerra con Peinado: no le entrega el pasaporte y el juez pide ayuda a la Policía
Begoña Gómez, la pentaimputada esposa de Pedro Sánchez, mantiene un duelo con el juez Peinado en el que tiene todas las de perder, porque en España un juez de instrucción tiene un poder enorme y Gómez, por muy mujer del presidente del Gobierno que sea, no puede tomárselo a chufla. El último episodio de esta guerra es la negativa de Begoña Gómez y de su asesora Cristina Álvarez a entregar el pasaporte. Se lo pidió en noviembre y todavía no lo han entregado, ninguna de las dos. Por eso Peinado ha recurrido ya a la Policía para que requieran a ambas sus documentos.
No se trata de ninguna medida cautelar para impedir la fuga sino un requerimiento de una posible prueba que sirva para esclarecer la investigación del delito de malversación de fondos públicos. Vamos a explicarlo. El instructor solicitó los pasaportes a las dos investigadas precisamente para "precisar fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero" porque sospecha que Álvarez acompañó a la esposa de Sánchez en alguno de estos viajes que no eran desplazamientos oficiales en su condición de esposa del presidente sino que tenían una motivación privada de Begoña Gómez como directora del African Center, del Instituto de Empresa.
Tras más de dos meses de negativa, el juez ha ordenado a la Policía Judicial intervenir para garantizar la entrega, advirtiendo que de persistir podría incurrir en presunto delito de desobediencia por no acatar un mandato judicial expreso. Sería el sexto delito atribuido a Begoña Gómez, todo un récord. Desde luego esta demora en cumplir las órdenes del juez Peinado denota una falta de respeto a la Justicia y unas enormes ganas de ponerle palos en las ruedas.
Es de suponer, no obstante, que Begoña Gómez entregará el pasaporte a la Policía. Esperemos, eso sí, que no haya renovado recientemente ese documento, después de noviembre cuando el juez le pidió que lo entregara. O que casualmente no lo haya extraviado. Eso sería muy feo, muy parecido al borrado que hizo de su teléfono móvil el ex fiscal general, García Ortiz. Algo más propio de un delincuente que quiere borrar pruebas que de una persona inocente a la que investiga el juez.
