Una lección incómoda

En los últimos días, asistimos al vertiginoso espectáculo del chorreo de sesudos análisis a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela.

Visto desde los ojos de un ciudadano que no se jacta de ser “todólogo”, sino de, simplemente tener, precisamente, esos ojos abiertos; lo primero que habría que tener en cuenta es que Venezuela no se convirtió en una narcodictadura de la noche a la mañana. Tampoco pasó de ser una democracia imperfecta a un Estado fallido por un accidente histórico o por una conspiración exterior, como todavía hoy repite su repugnante propaganda.

Venezuela cayó al abismo porque durante años se normalizó el discurso populista, se despreciaron las advertencias institucionales y se aceptó que la ley podía retorcerse en nombre de una supuesta “justicia social”. Ese proceso, que a lo largo de los años hemos observado con claridad en Caracas, debería incomodarnos profundamente en España.

El chavismo nació con una promesa sencilla y muy eficaz: acabar con “los privilegios”, enfrentar al “pueblo” contra unas élites difusas y convertir al Estado en el gran redistribuidor de la supuesta riqueza. Nada especialmente original. Hugo Chávez supo leer el malestar social y explotarlo con una retórica emocional, antipolítica y profundamente autoritaria. Desde el primer momento dejó claro que el pluralismo (en cualquier ámbito) era un obstáculo y que las instituciones solo eran legítimas si se sometían al proyecto revolucionario: al suyo, por supuesto.

Con el paso del tiempo, la separación de poderes fue diluyéndose, la prensa independiente fue asfixiada y la oposición política pasó, de ser un adversario, a convertirse en un enemigo moral y mortal. Todo ello se hizo, siempre, en nombre del “pueblo”. El resultado está a la vista: miseria, emigración forzosa de millones de ciudadanos y un régimen que solo se sostiene mediante la represión y el control.

España, por supuesto, no es Venezuela. Pero quien utiliza esa frase como excusa, para no fijarse en las similitudes, está cometiendo un error peligroso. Las democracias no colapsan solo con golpes militares; también se erosionan lentamente desde dentro. El populismo moderno no necesita tanques, le basta con desacreditar las reglas del juego y convencer a una parte de la sociedad de que los contrapesos democráticos son obstáculos reaccionarios.

En España llevamos años escuchando un discurso inquietantemente familiar: que la justicia está politizada cuando no falla a favor del Gobierno, que los medios críticos son “máquinas de desinformación”, que la empresa privada es sospechosa por definición y que el éxito económico es casi un pecado... ¿les suena?

Todo ello acompañado de una creciente dependencia del ciudadano respecto al Estado y de una expansión constante del gasto público sin un debate serio sobre su sostenibilidad.

No es casualidad que varios dirigentes y asesores del actual espacio del zurderío patrio hayan mantenido vínculos ideológicos (y en algunos casos económicos) con el chavismo. No es una anécdota ni una campaña de miedo: es un hecho documentado y demostrable. Durante años defendieron el modelo venezolano como ejemplo de democracia participativa, incluso cuando ya era evidente su deriva autoritaria. Hoy intentan reescribir esa historia, pero la hemeroteca es terca.

La gran lección venezolana es que el deterioro democrático empieza cuando se acepta que hay causas tan “nobles” que justifican saltarse las normas. Cuando se normaliza que el poder ejecutivo colonice instituciones independientes, cuando se divide a la sociedad entre buenos y malos, patriotas y traidores, pueblo y antipueblo. En ese contexto, la libertad deja de ser un derecho y pasa a ser una concesión del Estado.

Desde mi humildísima perspectiva, la defensa de la democracia no consiste solo en votar cada cuatro años. Consiste en proteger la separación de poderes, garantizar la seguridad jurídica, respetar la propiedad privada y asumir que el Estado tiene límites. Justo lo contrario de lo que propone el modelo bolivariano, que confunde justicia social con control político y solidaridad con obediencia. Y en esto, los partidos políticos, en general, tienen mucho que callar. Todos. Porque no dan, ni han dado nunca, ejemplo interno de otra cosa.

España todavía está a tiempo de evitar ese camino. Pero para ello es necesario dejar la ingenuidad a un lado. No todo proyecto que se envuelve en palabras como “progreso” o “igualdad” es compatible con una sociedad libre. Y no toda crítica a esos proyectos es reaccionaria o insolidaria. Defender la libertad económica, la responsabilidad individual y el Estado de Derecho no es un capricho ideológico: es una garantía de prosperidad y convivencia.

Venezuela es hoy un espejo incómodo. No porque España vaya a repetir su historia exactamente, sino porque nos recuerda que ninguna democracia está vacunada contra el populismo. Cuando el poder deja de tener límites, cuando la ley se subordina al “relato” y cuando el Estado se convierte en un fin en sí mismo, el final nunca es justo ni próspero.

Mirar a Venezuela no debería servir para tranquilizarnos diciendo “aquí eso no va a pasar”, sino para preguntarnos con honestidad qué estamos haciendo para que no pase.

Y eso, queridos amigos, es una lección incómoda.