La jueza favorita de Sánchez protagoniza un gran escándalo: puede ser expedientada por el CGPJ

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja y encargada de investigar la gestión de la dana en Valencia, se encuentra en el centro de un escándalo que pone en jaque su imparcialidad y podría costarle caro. Audios revelados prueban que su marido, el juez Jorge Martínez Ribera, intervino directamente en interrogatorios a víctimas y testigos, a pesar de no estar adscrito al juzgado ni formar parte de la instrucción. Martínez Ribera, magistrado en Valencia, no tenía ninguna competencia en ese procedimiento, pero allí estaba: formulando preguntas, dando indicaciones como “anota esto” y supervisando transcripciones. Esta intromisión irregular podría derivar en la nulidad de actuaciones clave y abrir la puerta a graves irregularidades procesales, incluso a delitos como usurpación de funciones, prevaricación o coacciones.

Varios vocales del CGPJ ya valoran seriamente remitir el caso a la comisión disciplinaria tras las quejas formales de imputados, como la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario Emilio Argüeso, que denuncian falta de neutralidad y posibles filtraciones. Familias de víctimas han presentado querella contra ambos jueces, exigiendo su apartamiento de la carrera judicial e incluso evaluaciones psiquiátricas. El propio CGPJ ha abierto diligencias informativas, y el escándalo se agrava porque la jueza negó inicialmente la participación de su esposo, calificando las acusaciones de “machistas”.

El trasfondo es claramente político. Ruiz Tobarra se ha convertido en la jueza predilecta del sanchismo: carga con dureza contra Carlos Mazón y su equipo, elevando exposición razonada para imputarlo en el momento más delicado, mientras cita a Feijóo durante horas interminables. En cambio, ignora por completo cualquier responsabilidad del Gobierno central, como si Pedro Sánchez o Teresa Ribera, exministra de Transición Ecológica, no tuvieran nada que ver con las alertas fallidas o el funcionamiento de las confederaciones hidrográficas.

Esta instrucción sesgada huele a lawfare socialista, utilizando la Justicia como arma para ajustar cuentas políticas. Si el CGPJ actúa con rigor, esta farsa podría desmoronarse y dejar al descubierto cómo el sanchismo contamina incluso los tribunales. La independencia judicial está en juego: expediente ya para esta pareja que ha cruzado todas las líneas rojas.