A Óscar Puente se le borra la sonrisa: la justicia europea investiga el accidente de Adamuz

El 18 de enero de 2026, el corredor de alta velocidad Madrid-Sevilla vivió la mayor tragedia ferroviaria de la historia reciente de España. El choque entre un Alvia y un Iryo en Adamuz (Córdoba) se saldó con 46 muertos y decenas de heridos. La hipótesis principal apunta a una soldadura defectuosa entre la vía original de 1989 y la supuestamente renovada en 2023, que provocó el descarrilamiento del Iryo a alta velocidad.

Mientras la juez de Instrucción número 2 de Montoro sigue investigando las causas técnicas y las posibles responsabilidades penales, la Fiscalía Europea ha abierto diligencias formales por posible malversación de fondos públicos y defraudación de ayudas comunitarias destinadas al mantenimiento de ese tramo. Dos fiscales europeos ya recaban documentación a Adif y a la Dirección General de Fondos Europeos. La investigación, que se desarrolla en paralelo a la española, no es un capricho político ni un bulo de la 'fachosfera': es la justicia de la Unión Europea, la misma que protege el dinero de todos los contribuyentes, la que pone el foco en cómo se gastaron los fondos asignados a esa infraestructura.

Y aquí es donde se le borra la sonrisa al ministro Óscar Puente. Durante semanas repitió como un mantra que “no hubo falta de inversión”, que la vía era “completamente renovada” y que se habían gastado 700 millones de euros en una renovación “integral” del tramo. Hoy sabemos que esa “integral” fue más bien parcial: no se sustituyeron todos los elementos, quedaron raíles de hace casi cuatro décadas y la soldadura defectuosa acabó siendo el talón de Aquiles. La cifra inicial se desinfló después a menos de 200 millones solo para el subtramo concreto, pero el relato inicial ya había calado: todo estaba perfecto, el Gobierno lo había hecho todo bien y cualquier crítica era pura mala fe.

Esta doble investigación —la de Montoro y la europea— cierra cualquier escapatoria. Ya no vale el argumento del lawfare, la persecución mediática o la conspiración de la derecha. Cuando es la Fiscalía de la UE la que cuestiona el uso de los fondos, el Gobierno pierde la coartada victimista. Exigir responsabilidades políticas —y, en su caso, penales— no es ya un ataque partidista: es una exigencia de transparencia y de respeto a las víctimas.

Óscar Puente, que afirmaba con desparpajo en las ruedas de prensa que el accidente era “tremendamente extraño”, ha visto cómo la realidad y la justicia europea le han borrado su triunfalismo de un plumazo: llegó a afirmar que le criticaban porque hacía su trabajo "muy bien". Es totalmente necesario, por las víctimas y por la seguridad de todos, que se llegue al fondo y los responsables asuman las consecuencias de sus errores y de sus mentiras.