Aldama destapa el escándalo de Sánchez y Marlaska: la seguridad de Sarah Santaolalla es lo primero
Víctor de Aldama ha vuelto a alzar la voz con una denuncia que debería estremecer los cimientos del Gobierno. El empresario, pieza clave en el caso Koldo y en las revelaciones sobre supuestas tramas de corrupción, afirma temer por su vida y la de su familia. Ha solicitado, una vez más, protección policial que el Ministerio del Interior le niega sistemáticamente. Y no son meras palabras: su coche fue tiroteado —sin él dentro— en un claro aviso mafioso, mientras denuncia haber recibido amenazas incluso durante su estancia en prisión y que estas persisten hasta hoy.
Aldama no oculta su desconfianza: ¿cómo confiar en un dispositivo de seguridad controlado por Fernando Grande-Marlaska, cuando él y Pedro Sánchez son los principales damnificados por sus declaraciones? La última bomba la soltó recientemente: la entrega al juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional de un sobre con pruebas que vincularían la financiación ilegal del PSOE a través de la petrolera venezolana PDVSA. Unas revelaciones que, de confirmarse, podrían dinamitar la narrativa oficial del sanchismo.
Mientras tanto, la realidad ofrece un contraste sangrante. Sarah Santaolalla, conocida activista progubernamental, disfruta de escolta policial tras denunciar una supuesta agresión por parte del periodista Vito Quiles. Una denuncia que una juez y un médico forense han desacreditado por falsa, según múltiples fuentes. Aun así, Marlaska le asigna agentes, lo que ha desatado la indignación de sindicatos como JUPOL, que lo califican de “escándalo” y “gasto injustificado” cuando muchas víctimas reales de violencia de género comparten un solo agente por falta de recursos.
El mensaje es claro: la protección se concede a dedo, priorizando a quienes defienden al poder y negándola a quien lo pone en jaque. Aldama ha avisado repetidamente del riesgo que corre. Si algo le ocurre a él o a los suyos, Sánchez y Marlaska tendrán una responsabilidad política y moral insoportable. Tendrán que explicar ante la opinión pública por qué ignoraron sus múltiples peticiones de auxilio, mientras destinaban recursos a proteger a una figura afín cuya denuncia fue desmontada.
El Gobierno está avisado. La seguridad no puede ser un privilegio ideológico. Si Aldama cae, el descrédito será total.