Donde no hay justicia, no hay libertad

En la presente legislatura, vivimos una expansión desordenada e insaciable del Poder Ejecutivo, expansión que amenaza gravemente con dejar en nada nuestra separación de poderes y nuestro sistema de contrapesos institucionales.

Durante estos ocho años sanchistas, todas las propuestas de reformas legislativas referentes al Poder Judicial del Gobierno y sus aliados han ido dirigidas a atacar la independencia del poder judicial, provocando un peligroso desequilibrio entre los poderes del Estado

La izquierda española ha difundido, de forma constante, el bulo de una pretendida falta de correspondencia entre fiscales y jueces con el conjunto de la sociedad, afirmación que es falsa, añadiendo la burda mentira de la existencia de una casta judicial con un desequilibrio de género y plagada de ideas franquistas.

Pero la realidad es otra, ya que tanto los perfiles de las promociones que han accedido a la carrera judicial como a la fiscal ponen de manifiesto que la mujer representa más del 70 % del total, y que han empleado un promedio entre 5 y 6 años en preparar la oposición. Que no tienen familiares -hasta el segundo grado de consanguinidad- que ejerzan o hayan ejercido una profesión jurídica.

Además, desde la entrada en vigor de la ley orgánica del poder judicial, el acceso a la carrera judicial y fiscal sigue un modelo de oposición libre y objetivo, cuyo prestigio ha sido reconocido tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Gracias a este sistema exitoso, los jueces y fiscales han accedido a sus funciones exclusivamente por su talento, su esfuerzo y su dedicación, sin interferencias externas ni condicionamientos ajenos al derecho.

No hay que olvidar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido clara y constante, al establecer que el acceso a la función pública, y con mayor exigencia si cabe a la jurisdiccional, exige observar escrupulosamente los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Estos principios garantizan la profesionalidad, la solidez e independencia de jueces y fiscales en España, y sobre todo es una garantía para los ciudadanos que los procesos de selección sigan basándose en los principios de mérito, capacidad e igualdad.

Pero el Gobierno de Pedro Sánchez está en una vergonzosa cruzada de descrédito del Poder Judicial, intentado coaccionar al Tribunal Supremo y condicionar al Tribunal Constitucional. Incluso la Fiscal General del Estado, la señora Peramato, se ha unido a esta cruzada negándose a condenar los ataques al Poder Judicial por parte del Gobierno que la ha nombrado, comenzando a mimetizarse con sus antecesores, el condenado García Órtiz y Dolores Delgado, incumpliendo su promesa de defensa del principio de legalidad, como le exige su estatuto orgánico.

Este ataque furibundo ha sido denunciado incluso por el CGPJ, que ha denunciado las cartas y mensajes por whatsapp que Bolaños envía a la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, calificándolos de “machistas, impresentables e intolerables”, además de “groseros y maleducados”. Todo con la finalidad de coaccionar al Poder del Estado que Isabel Perelló representa y enviarle un mensaje de que es un simple subordinada a los intereses del sanchismo.

La independencia del poder judicial es uno de los principios fundamentales que debe perseguir toda democracia. Esta afirmación es compartida por la mayoría de los ciudadanos españoles y es uno de los pilares de la Unión Europea.

Es inaudito que el Gobierno haya pactado con sus socios la persecución de los jueces aceptando el lawfare. Es decir admitir que la Justicia española actúa por móviles políticos. Sin duda para ponerse la venda antes que la herida, previendo la porquería que está saliendo en el juicio iniciado en el Tribunal Supremo que ha sentado en el banquillo al sanchismo que nos gobierna desde 2018.

Esta claudicación del socialismo va en contra de lo declarado por el Consejo de Europa y de la Comisión de Justicia de Bruselas, lo cual ha provocado la protesta de las asociaciones de jueces tanto españolas, europeas y latinoamericanas, de las asociaciones de fiscales, de letrados de la administración de justicia y de miles de abogados y procuradores que incluso han salido a la calle a protestar

Históricamente la Justicia ha sido la que ha derribado muros de desigualdad, la que ha garantizado la libertad y la que ha hecho frente a la tiranía. Por eso la quieren encerrar en un lado del muro y así poder imponer otro modelo social basado en un derecho populista sometido a la voluntad política. Por eso la independencia del Poder Judicial molesta a esta izquierda sanchista que ha optado por los modelos autoritarios de sus actuales socios preferentes como México, China o Brasil, huyendo de los modelos liberales de nuestros, hasta ahora, socios europeos.

Por eso en estos tiempos hay que volver a leer a los clásicos. Así Cicerón afirmó: “La Justicia no espera ningún premio, se le acepta por ella misma”. Y yo añado se le debe aceptar porque somos todos iguales ante la ley, seamos la mujer del presidente del Gobierno o su hermano, seamos hermanos de Ximo Puig, o seamos la líder de la izquierda radical valenciana Mónica Oltra. Todos debemos aceptarla porque ninguno estamos por encima del resto de los ciudadanos.