Begoña Gómez, 24 años de cárcel: la pena que pide para ella Hazte Oír aterroriza a Sánchez

El caso Begoña Gómez no es una broma. Va muy en serio. Y en La Moncloa lo saben. Lo saben tan bien que la inquietud se palpa. La acusación popular que dirige Hazte Oír acaba de presentar su escrito de calificación provisional y solicita 24 años de prisión para la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos de corrupción: tres de tráfico de influencias (6 años), uno de corrupción en los negocios (4 años), uno de apropiación indebida (6 años) y otro de malversación de caudales públicos como inductora (8 años).

No es una petición simbólica. Es la cuantificación exacta de una conducta que, según la acusación, se prolongó durante años: Begoña Gómez se habría prevalido conscientemente de su condición de primera dama para ejercer “presión moral eficiente” sobre la Administración y empresas privadas en beneficio propio y de terceros. Cartas de recomendación, contratos adjudicados con celeridad sospechosa, la creación de una cátedra sin concurso en la Complutense, el uso de recursos públicos para contratar a su asistente Cristina Álvarez y la presunta apropiación de un software desarrollado con fondos de la universidad son los hechos que sustentan los cargos.

El juez Juan Carlos Peinado ya ha cerrado la instrucción y propone abrir juicio oral ante un jurado popular. Solo las acusaciones populares –con Hazte Oír al frente– mantienen viva la acción penal, porque la Fiscalía sigue pidiendo el archivo. Eso ya dice mucho de la voluntad de algunos de que este asunto desaparezca.

Pedro Sánchez no ha dicho todavía su última palabra. Es más que previsible que active todas las palancas a su alcance para impedir el juicio o, al menos, retrasarlo sine die. Hasta ahora, sin embargo, todas sus artimañas han fracasado. Los recursos se han ido resolviendo en contra de sus intereses y el caso avanza, lento pero inexorable, hacia el banquillo.

Porque cuando la corrupción toca el corazón del poder, la sociedad tiene derecho a saber la verdad. Y a que la Justicia, aunque sea a través de un jurado popular, dicte sentencia. Sin privilegios. Sin excusas. Sin indultos preventivos. La pelota está en el tejado de la Audiencia. Pero la gravedad del asunto ya no la niega nadie. Ni siquiera en La Moncloa.