Lo público

Desde que Pedro Sánchez gobierna, España ha descubierto una nueva categoría administrativa: el servicio público fijo discontinuo. Funciona a ratos y provocando, a partes iguales, indignación y mucha paciencia ciudadana. No lo dicen solo los editoriales críticos; lo repiten sindicatos, asociaciones profesionales y hasta organismos oficiales, que reconocen que la calidad de los servicios esenciales se ha ido deslizando cuesta abajo. Sin duda el sanchismo ha logrado la “cuadratura del círculo”, consistente en que los servicios públicos se conviertan en servicios mínimos. Una vez más “lo público” es simplemente un eslogan, como lo vemos en la campaña de María Jesús Montero en Andalucía.

La Sanidad es una buena muestra de ello. Así pues, Pedro Sánchez no supo que contestar en el pasado pleno en el Congreso de los Diputados, cuando Feijóo le preguntó sobre cómo iba a resolver la huelga de médicos que se mantiene en el tiempo por la incompetencia negociadora de la ministra de Sanidad.

Esta huelga ha provocado que las listas de espera quirúrgica hayan alcanzado cifras récord. Gobiernos autonómicos de distinto signo político han denunciado que nos encontramos en la que ya se denomina la “cronificación del colapso sanitario”.

Pero, además, estamos comprobando como la gestión de la ministra de extrema izquierda Mónica García, médico y madre como se autodenomina, ha llevado al caos a la Sanidad Pública en un tema tan preocupante como la crisis del Hantavirus, ya que no ha logrado poner en funcionamiento la Agencia de Salud Pública, dejando caducar el plazo de seis meses para desarrollar su estatuto de funcionamiento y aún no ha sido capaz de fijar su ubicación geográfica. Y encima pretende que la presida el “gafe” Fernando Simón, de infausta memoria para los españoles. Así gestiona “lo público” la izquierda y extrema izquierda española.

La Sanidad Pública es la bandera con la que los socialistas quieren ganar las elecciones en Andalucía, pero su deterioro será lo que les lleve a la oposición en España cuando se convoquen las próximas elecciones generales.

Pero también la Educación Pública se está convirtiendo en un problema en España. La legislación aprobada por el Gobierno de coalición socialista y la extrema izquierda ha provocado más burocracia. Directores de centros educativos y sindicatos docentes han señalado que la implantación de la nueva normativa educativa ha venido acompañada de un aumento notable de trámites, informes y requisitos administrativos. La paradoja es evidente: más papeles, menos tiempo para enseñar. Y mientras tanto, los resultados de competencias básicas publicados por organismos internacionales muestran un estancamiento preocupante.

“Lo público” una vez más ha vuelto a fallar, pero lo más sorprendente es que esta responsabilidad del Gobierno socialista se intenta tapar por determinados sindicatos promoviendo huelgas docentes como por ejemplo en la Comunitat Valenciana, donde se ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo 11 de mayo.

La falta de los Presupuestos Generales del Estado es otra de las cuestiones que están deteriorando “lo público”. Así pues, el Tribunal de Cuentas ha detectado como Pedro Sánchez ha desviado fondos europeos para pagar pensiones en una maniobra de “trilerismo fiscal” realizado por la defensora de “lo público” María Jesús Montero. Maniobra de dudosa legalidad que seguramente va a traer consecuencias negativas para España, ya que la Fiscalía Europea investiga a nuestro país por 97 casos de presunto fraude por valor de 796 millones de euros, de los que 74 son por fraude en el gasto público.

Además, existen informes del Tribunal de Cuentas y de organismos independientes que están señalando retrasos en inversiones comprometidas, especialmente en materia ferroviaria y de carreteras, que están provocando múltiples incidencias. Además del terrible accidente de Adamuz, con 43 muertos, como está poniendo de manifiesto la investigación independiente. Un deterioro de “lo público” silencioso… pero muy visible

Podríamos seguir repasando el estado de “lo público” actualmente en España, pero por encima de todo la ironía es que, mientras los ciudadanos perciben un deterioro palpable, el discurso oficial insiste en que todo va bien, que los servicios públicos están “más fuertes que nunca” y que cualquier crítica es “alarmismo interesado”.

Sin embargo, los datos, los informes y las quejas de profesionales y usuarios dibujan un panorama distinto: un Estado que promete mucho, recauda más y entrega menos. Sin duda el problema es cómo gestiona los servicios públicos el Gobierno de coalición socialista y de extrema izquierda.

Y quizás la pregunta que muchos españoles nos hacemos en voz baja, pero cada vez con menos pudor, es si un país puede permitirse un Gobierno que convierte “lo público” en un ejercicio de paciencia ciudadana.