El fiscal anticorrupción machaca a Sánchez con un mensaje demoledor y el Parlamento Europeo le remata

Esta semana, dos varapalos de calibre mayor han sacudido los cimientos del sanchismo. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pronunció el pasado miércoles ante el Tribunal Supremo un alegato final que quedará en los anales como una de las intervenciones más demoledoras contra la corrupción que ha infectado las instituciones durante la era Sánchez. En el juicio de la trama Koldo, Luzón ha descrito sin ambages cómo una “organización criminal” operó desde el corazón del Ministerio de Transportes bajo José Luis Ábalos, con Koldo García como mano ejecutora y Víctor Aldama cobrando comisiones millonarias a cambio de contratos públicos. Ha pedido 24 años de cárcel para el exministro y ha dejado claro que la corrupción política “está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarla”.

Pero el golpe más duro, sin nombrar a Sánchez, ha sido directo al corazón del relato oficial. Luzón ha advertido de que “las actuaciones de poderes públicos que normalizan o minimizan las conductas de corrupción o descalifican a quienes tienen la responsabilidad de perseguirlas” deslegitiman el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes. Un mensaje que, leído en contexto, resulta demoledor: mientras el fiscal alertaba de cómo la corrupción “pervierte” las instituciones y erosiona la confianza ciudadana, el Gobierno —con el ministro Félix Bolaños al frente— no ha dejado de atacar al juez Peinado que investiga a Begoña Gómez, a la jueza Beatriz Biedma que sentó en el banquillo al ‘hermanísimo’ David Sánchez o al propio Luzón, al que han acusado gratuitamente de benevolencia con Aldama. Y no olvidemos las descalificaciones sistemáticas a los jueces del Supremo que investigaron al ex fiscal general. Sin citarlo, Luzón ha señalado la estrategia de descalificación como parte del problema.

Y, casi al mismo tiempo, ha llegado el remate desde Estrasburgo. La comisión LIBE del Parlamento Europeo ha aprobado un informe que certifica el “deterioro” de la independencia judicial en España, la politización del CGPJ, el abuso de los decretos-ley (más de 120 desde 2018) y el preocupante retroceso en los indicadores de percepción de corrupción. Pero lo más humillante para Sánchez es el reproche explícito: el Gobierno —él y sus ministros Bolaños y Marlaska— se negó a recibir a la delegación de eurodiputados. Un vacío institucional sin precedentes que Europa califica de “inédito”.

Sánchez ya no puede esconderse. Ni tras el “no era yo” del fiscal ni tras el muro de silencio con Bruselas. La Justicia española y las instituciones europeas coinciden: la corrupción ha penetrado el Estado. Y el responsable último de que se haya permitido —y de que se haya intentado deslegitimar a quienes la combaten— es quien ocupa La Moncloa. El tiempo de las excusas se ha acabado. España merece un Gobierno decente.