71 bofetadas

Hay momentos en la vida pública en los que el país espera de sus gobernantes algo muy sencillo: respeto. Respeto hacia las instituciones, hacia quienes sirven al Estado y, sobre todo, hacia quienes han dado su vida por proteger a los demás. Por eso las palabras de María Jesús Montero sobre los dos guardias civiles asesinados por narcotraficantes en Huelva han caído como una losa entre miles de profesionales que cada día se juegan la vida en silencio.

No se trata de una polémica más. Se trata de la sensación, cada vez más extendida, de que este Gobierno ha normalizado una forma de hablar y de actuar que minimiza el sacrificio de quienes sostienen la seguridad del país. Y cuando la todopoderosa candidata socialista María Jesús Montero se expresa con vergonzosa ligereza ante una terrible tragedia, el mensaje que reciben los agentes es demoledor. El clamor de la sociedad ha hecho temblar toda la campaña socialista en Andalucía, porque no estamos ante un accidente laboral, estamos ante dos asesinatos.

La Guardia Civil es, desde hace casi dos siglos, una de las instituciones más respetadas de España. Está en los pueblos donde no llega nadie más, en las carreteras, en las fronteras, en el mar, en las operaciones contra el narcotráfico, en la lucha antiterrorista y en cada emergencia que golpea al país. Han sufrido cientos de asesinatos por defender a los ciudadanos frente a la delincuencia y el desprecio con el que son tratados por el Gobierno socialista y sus socios es una vergüenza que debe de ser castigado en las urnas.

Las palabras de María Jesús Montero, por mucho que ha intentado desdecirse, fueron ideadas en la Moncloa para salvar a Marlaska, que prefirió ir al show de Canarias antes que ir al funeral de los agentes asesinados en Huelva, intentando que la opinión pública, con la ayuda de los medios de comunicación sumisos, no se indignara en plena campaña electoral andaluza.

Muestra de la estrategia de la Moncloa ha sido que esas palabras indignas fueran repetidas por el diputado comunista de Sumar Alberto Ibañez y que la presidenta del Congreso Francina Armengol el pasado martes se negara a tramitar la ley del Partido Popular en la que se reconocía a los agentes de la autoridad como profesión de riesgo, siendo la 71ª vez que la ha rechazado el gobierno de Pedro Sánchez. Por lo que no fue un lapsus sino una estrategia de desprecio y venganza perfectamente diseñada contra aquellos que están persiguiendo los delitos relacionados con miembros del Gobierno.

Ese desprecio no es un alegato político, sino que se ha puesto de manifiesto en decenas de editoriales y artículos periodísticos, también lo están denunciando desde hace tiempo por las asociaciones profesionales, los sindicatos policiales y los propios agentes. Hablan de falta de medios, de equipamientos obsoletos, de promesas incumplidas sobre la equiparación salarial y de una inseguridad jurídica que les obliga a actuar con miedo a ser ellos los señalados.

Bajo este Gobierno, denuncian los profesionales, se ha consolidado una tendencia preocupante: Falta de inversión, cuarteles deteriorados, vehículos con décadas de uso y plantillas insuficientes en zonas rurales, pero también temor a acabar denunciados por los propios delincuentes que se ven reforzados por esos mensajes de menosprecio que surgen de discursos políticos. Pero también denuncian promesas incumplidas y la equiparación salarial, anunciada a bombo y platillo sigue sin completarse.

En este contexto, las palabras de Montero no son un desliz aislado: son la confirmación de una falta de sensibilidad institucional que duele especialmente cuando hay dos familias rotas por la pérdida. El respeto hacia la Guardia Civil no se demuestra con discursos de urgencia ni con comunicados redactados a posteriori. Se demuestra con hechos, con recursos, con respaldo jurídico, con reconocimiento público y con una actitud que esté a la altura del sacrificio de quienes patrullan de madrugada mientras el país duerme.

Por eso, cuando desde el Gobierno se pronuncian palabras desafortunadas, el daño no es solo político es sobre todo moral. Porque quienes han caído en acto de servicio merecen algo más que explicaciones apresuradas, merecen dignidad, gratitud y un Gobierno que entienda que la seguridad no es un eslogan, sino una responsabilidad.

A pesar de todo, la sociedad española sigue demostrando que sí valora a sus guardias civiles. Las muestras de cariño, los homenajes espontáneos y el silencio respetuoso de miles de ciudadanos contrastan con la torpeza institucional. Quizá ahí esté la verdadera lección: mientras algunos responsables políticos tropiezan con sus palabras, los españoles siguen reconociendo a quienes nunca fallan.

Porque la Guardia Civil no abandona a nadie, lo mínimo es que el Gobierno tampoco les abandone a ellos. Y 71 rechazos en el Congreso por parte de Sánchez y sus socios, son 71 bofetadas que no vamos a olvidar los españoles decentes.