Begoña Gómez y Sonsoles Espinosa, dos esposas de presidentes socialistas en aprietos judiciales

En un mismo mes de junio, dos esposas de presidentes del PSOE se ven obligadas a dar explicaciones ante la justicia. Begoña Gómez, mujer del actual presidente Pedro Sánchez, y Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, protagonizan sendos episodios que obligan a preguntarse por el origen de ciertos bienes y flujos de dinero vinculados al ejercicio del poder de sus maridos.

El juez Juan Carlos Peinado ha declarado formalmente acusada a Begoña Gómez en la causa que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Relacionados con su cátedra en la Universidad Complutense y contratos que, según las acusaciones populares, se habrían gestionado al margen de la normativa y con analogías entre plataformas universitarias y sociedades vinculadas a ella. El magistrado le exige comparecer personalmente el próximo 9 de junio en una audiencia preliminar, con apercibimiento de ser conducida por la fuerza pública si no acude. Pese a que la Fiscalía pide el archivo, el juez ve indicios suficientes para avanzar. Gómez recurre alegando persecución.

Casi al mismo tiempo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama citará a Sonsoles Espinosa para que explique el origen de un lote de joyas y relojes de lujo —collares de granate, piezas de marcas como Certina o Pierre Balmain— hallados en una caja fuerte del despacho de Zapatero durante un registro de la UDEF. Además, se investigan cuentas bancarias conjuntas del matrimonio que recibieron cerca de 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025 de sociedades vinculadas a la trama de tráfico de influencias que se atribuye al expresidente. La secretaria de Zapatero alegó herencia familiar y regalos oficiales, pero el juez quiere certezas. No se descarta que Sonsoles pueda ser considerada partícipe a título lucrativo, como ocurrió con la infanta Cristina en el caso Nóos. Zapatero declarará como investigado a mediados de junio.

Resulta llamativo el paralelismo. Mientras el Gobierno de Sánchez presume de regeneración democrática y señala la corrupción ajena, las familias de dos de sus máximos referentes —uno en activo y otro histórico— deben aclarar ante los tribunales el origen de joyas, dinero y movimientos patrimoniales. En un Estado de Derecho nadie está por encima de la ley. La ciudadanía tiene derecho a conocer si esos bienes tienen explicación lícita o si, una vez más, el poder genera beneficios que terminan por investigarse. La transparencia no puede ser solo un eslogan cuando afecta a los demás.