La Guardia Civil necesita una purga de su cúpula que alcanza a la directora general y al ministro Marlaska

La irrupción de la UCO en la Dirección General de la Guardia Civil para investigar los expedientes internos abiertos contra mandos que perseguían la corrupción del PSOE no es un episodio menor. Es la prueba más clara hasta la fecha de que algo grave ha ocurrido dentro del instituto armado: presiones, sospechas inducidas y posibles expedientes disciplinarios utilizados como arma para frenar investigaciones incómodas.

El auto del juez Pedraz describe cómo la trama de Leire Díez, con el visto bueno o la participación activa de Santos Cerdán, buscaba “desmontar” la UCO y generar sospechas sobre sus agentes ante la cúpula del Cuerpo. Que ahora sea la propia UCO, liderada por el teniente coronel Balas —precisamente uno de los objetivos de esa operación—, la que entre a revisar esos expedientes internos dice mucho de la gravedad del asunto.

La directora general, Mercedes González, ha sido defendida por Marlaska, que niega cualquier reunión con Leire Díez. Pero eso no basta. Si bajo su mandato se abrieron informaciones reservadas contra agentes de la UCO por investigar al PSOE, o si se generó un clima de sospecha que facilitó esas actuaciones, su responsabilidad es evidente. No puede haber neutralidad cuando la cúpula actúa, aunque sea por omisión o debilidad, como correa de transmisión de presiones políticas.

Fernando Grande-Marlaska, como responsable último del Ministerio del Interior, no puede eludir su parte. Lleva años al frente de un departamento en el que se han producido ceses polémicos, purgas veladas y una constante tensión con la policía judicial. Si se confirma que desde su ministerio o con su conocimiento se toleró o impulsó cualquier maniobra para proteger al PSOE de la acción de la justicia, su continuidad sería incompatible con el Estado de derecho.