Marlaska y la directora de la Guardia Civil deben dimitir: el acoso a la UCO para salvar a Sánchez roza el delito

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, impulsó varias investigaciones internas contra la Unidad Central Operativa (UCO) tras la publicación por parte del diario El Mundo de los mensajes entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez el 11 de mayo de 2025. Es inconcebible que lo hiciera por su cuenta y riesgo, sin el conocimiento y autorización del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El objetivo de esas investigaciones no era esclarecer supuestas filtraciones, sino castigar y neutralizar a quienes investigan la corrupción que salpica al Gobierno y a su entorno: el caso Koldo, las cloacas del PSOE y los escándalos que salpican directamente al presidente Sánchez.

El DAO Manuel Llamas ordenó de urgencia una “información reservada” contra la UCO. El instructor Antonio Cortés Ruiz recibió la orden en sobre cerrado. Pero el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente la frenó en seco: “Si se hace, abriré diligencias contra quien lo ordenó”. El propio jefe de la UCO, Rafael Yuste, se negó a entregar más datos que los estrictamente judiciales. Y los mandos de Policía Judicial descartaron que las filtraciones procedieran de la Unidad. Los hechos son claros: no había delito de filtración; había voluntad política de acosar a quien investiga.

No es un episodio aislado. La UCO ha documentado múltiples presiones anteriores —diciembre de 2024, septiembre de 2025— siempre como reacción a noticias incómodas para Moncloa. Se ha ordenado a la UCO “ponerse de perfil” en casos que afectan al hermano del presidente o al círculo más estrecho de Sánchez. Se han mantenido reuniones con la supuesta “fontanera” Leire Díez para desacreditar a investigadores. Todo ello con el sello de cargos de confianza nombrados por Marlaska. La propia Mercedes Gonzalez se reunió al menos en tres ocasiones con la 'fontanera'.

Este control político de la UCO es una interferencia inaceptable en la labor de una unidad judicial que amenaza con poner al descubierto la corrupción del poder. Raya el delito de prevaricación y obstrucción a la justicia. Marlaska, que niega “conocimiento” de lo que ocurre bajo su mando, y Mercedes González, que ejecutó las órdenes, han convertido la Guardia Civil en un instrumento al servicio del sanchismo. Su permanencia en el cargo es incompatible con la independencia de las instituciones.

Marlaska y González deben dimitir ya, por decencia democrática. Deben asumir una responsabilidad política por lo sucedido de manera inmediata. Porque cuando el ministro del Interior y la cúpula de la Guardia Civil acosan a quienes persiguen la corrupción para salvar al presidente, la democracia queda herida de muerte. El Gobierno Sánchez ha cruzado otra línea roja más y lo mínimo que debería ocurrir es eso le cueste el puesto a los responsables directos, el ministro y la directora de la Guardia Civil.