Sánchez rescató Tubos Reunidos con 113 millones… y ahora aparece la factura de Ferraz

La grave situación de Tubos Reunidos debería preocupar a cualquiera que defienda la industria española. Hablamos de una compañía centenaria, especializada en la fabricación de tubos de acero sin soldadura, con una elevada vocación exportadora y una posición singular en determinados segmentos industriales estratégicos.

Precisamente por eso, conviene separar dos debates que el Gobierno intentará mezclar interesadamente. Una cosa es defender la continuidad de una empresa industrial, preservar el empleo y favorecer la llegada de un inversor que permita recuperar su viabilidad. Otra muy distinta es aceptar que los recursos públicos puedan administrarse con opacidad, que los rescates se conviertan en territorio abonado para las tramas corruptas que anidan en el PSOE y que se tape toda trazabilidad administrativa.

En julio de 2021, la SEPI concedió a Tubos Reunidos un apoyo financiero temporal de 112,8 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). La ayuda se instrumentó mediante un préstamo participativo con vencimiento a siete años e incorporó la designación de un observador en el Consejo de Administración con voz, pero sin voto. La SEPI justificó entonces la operación por el carácter estratégico de la compañía: 1.400 empleos directos y 7.000 indirectos a cierre de 2019, ventas exteriores próximas al 90% de su cifra de negocio y 400 clientes distribuidos en 66 países.

Había argumentos económicos para proteger la continuidad de la empresa durante una crisis excepcional. Lo que no existía era un cheque en blanco. Cuanto mayor es la cuantía comprometida por el contribuyente, mayor debe ser el control. Cuanto más discrecional es una decisión administrativa, más exigente debe ser la transparencia. Y cuanto más vulnerable es una empresa, mayor es el riesgo de que aparezcan quienes pretenden convertir la necesidad ajena en una oportunidad particular. Y con Sánchez vino todo lo que vino.

El poder público no está administrado por seres providenciales inmunes a los incentivos, sino por personas sometidas a intereses, presiones y redes de influencia. Por eso las instituciones importan tanto, su función no consiste únicamente en gestionar recursos, sino en establecer reglas capaces de impedir que los contactos personales prevalezcan sobre los criterios técnicos.

Cinco años después del rescate, Tubos Reunidos solicitó el concurso voluntario de acreedores el pasado 4 de mayo ante el Juzgado de lo Mercantil de Vitoria-Gasteiz. El juzgado declaró posteriormente en concurso voluntario a siete sociedades del grupo y designó como administrador concursal a PKF Attest Concursal.

La empresa cerró 2025 con pérdidas próximas a los 118 millones de euros, frente al beneficio registrado en 2024, y con una deuda financiera neta situada en torno a los 264 millones. La deuda financiera bruta ascendía a 298,2 millones. El auditor advertía, además, de una incertidumbre material sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento.

La situación se ha visto agravada por el impacto de los aranceles estadounidenses, la debilidad del dólar, la presión competitiva en Europa y la paralización de la planta de Amurrio durante una huelga prolongada. Estados Unidos representa una parte sustancial de las ventas de la compañía, por lo que la modificación del escenario comercial ha tenido consecuencias especialmente severas.

El conflicto laboral tampoco puede analizarse como algo anecdótico. La empresa planteó inicialmente un expediente de regulación de empleo que fue modificándose durante la negociación. La propuesta más reciente contemplaba 242 salidas. Tras la entrada de la administración concursal, el ERE ha quedado finalmente anulado, según la información trasladada a los sindicatos, mientras se intenta preservar la unidad del grupo y atraer un inversor. También se habría comunicado la existencia de liquidez suficiente para abonar las nóminas hasta agosto.

La prioridad debe ser salvar la actividad industrial viable, evitar una liquidación desordenada y proteger el mayor número posible de puestos de trabajo. Pero salvar una empresa no consiste en ocultar errores, prolongar artificialmente estructuras inviables o sustituir un rescate fallido por otro todavía menos transparente. Consiste en identificar un proyecto industrial creíble, facilitar una reestructuración ordenada de la deuda y atraer capital privado dispuesto a asumir riesgos reales.

El Estado puede intervenir de manera excepcional para evitar la desaparición abrupta de una compañía estratégica, pero lo que no puede hacer es socializar indefinidamente las pérdidas mientras la corrupción lastra la reputación corporativa de la compañía.

Las preguntas que la SEPI y que el Gobierno deben responder

La dimensión económica del problema resulta inseparable de su dimensión institucional. La documentación incorporada al sumario que hemos conocido identifica, siempre en términos indiciarios, dos actuaciones relacionadas con Tubos Reunidos.

La primera se vincula al rescate de 112,8 millones. Según el informe de la UCO, el grupo denominado HIRUROK habría realizado actuaciones para impulsar la concesión de la ayuda y habría percibido 114.950 euros a través de Mediaciones Martínez. La segunda actuación se habría desarrollado entre 2024 y 2025 para obtener el aplazamiento de un vencimiento de intereses. En ese contexto, se produce una reunión celebrada el 13 de noviembre de 2024 en el despacho de Santos Cerdán en Ferraz, con la participación de Leire Díez y dos directivos de Tubos Reunidos no identificados. El expresidente de SEPI Vicente Fernández habría facturado 40.000 euros a la compañía por esto.

La UCO registró el pasado jueves la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y ha requerido documentación a la SEPI en el marco de una pieza secreta dirigida por la Audiencia Nacional. Las diligencias están abiertas y las responsabilidades deberán ser determinadas por los tribunales, pero respetar la presunción de inocencia no significa renunciar al control político ni aceptar el silencio administrativo.

Hay preguntas que merecen una respuesta inmediata.

¿Quiénes fueron los dos directivos de Tubos Reunidos que participaron en la reunión celebrada en Ferraz?

¿Qué miembro del PNV habría intervenido, según la documentación, en las gestiones relacionadas con el desbloqueo del rescate?

¿Cuál es el desglose documental y bancario de los 114.950 euros percibidos a través de Mediaciones Martínez?

¿Qué facturas justifican los 40.000 euros atribuidos a Vicente Fernández? ¿Cuál fue el concepto formal de esos pagos?

¿Qué resolución administrativa concreta se pretendía modificar para aplazar los intereses? ¿Llegó finalmente a aprobarse?

¿Conocía Tubos Reunidos la finalidad última de las actuaciones atribuidas a los investigados? ¿Existe alguna persona vinculada formalmente a la empresa que esté siendo investigada por estos hechos?

Se trata de rendir de cuentas. Cuando están comprometidos más de cien millones de euros de los contribuyentes, no resulta admisible reducir cualquier crítica a una supuesta campaña partidista.

La SEPI afirmó que las operaciones del FASEE fueron autorizadas después de un análisis económico y jurídico riguroso de las empresas, de su afectación por la pandemia, de sus planes de viabilidad y de las garantías aportadas para asegurar la devolución de las ayudas.

Precisamente por eso debe facilitarse una reconstrucción completa del expediente. ¿Qué hipótesis económicas sostenían el plan de viabilidad de Tubos Reunidos? ¿Qué seguimiento realizó el observador designado por la SEPI? ¿Qué alertas fueron comunicadas al Consejo Gestor del Fondo? ¿Cuándo se detectó el deterioro de la liquidez? ¿Qué reuniones se celebraron con la compañía? ¿Qué modificaciones de las condiciones financieras se analizaron? ¿Qué papel desempeñaron los asesores externos?

No basta con afirmar que existían controles. Es necesario demostrar que funcionaron.

La corrupción no debe medirse únicamente por la cuantía de una eventual comisión. El coste más grave aparece cuando se deteriora la igualdad ante la Administración, se destruye la confianza en las instituciones y se transmite a los empresarios la sensación de que resulta más útil disponer de un contacto político que presentar un proyecto solvente.

Cada euro asignado gracias a una trama tiene un coste de oportunidad. Es un euro que no llega a otra empresa viable, a una infraestructura necesaria, a la sanidad, a la educación o a reducir una deuda pública que terminarán pagando las próximas generaciones.

El silencio del PNV ya no es una posición sostenible

El PNV no puede limitarse a verbalizar su inquietud mientras sostiene políticamente a un Gobierno cercado por investigaciones de presunta corrupción. Su presidente, Aitor Esteban, ha afirmado recientemente que la legislatura ha llegado a su fin y ha reclamado la convocatoria de elecciones durante este año. Sin embargo, también ha descartado apoyar una moción de censura.

Esa ambigüedad resulta cada día más difícil de justificar. Especialmente cuando la documentación relativa a Tubos Reunidos incorpora una referencia indiciaria a una intermediación con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco, cuya identidad todavía no ha sido aclarada.

El PNV debe decidir si su prioridad es proteger artificialmente mediante su complicidad a Sánchez y a un gobierno que ha convertido cada semana en un nuevo capítulo de degradación política.

No hay prosperidad duradera sin empresas competitivas. Pero tampoco hay libre mercado sin instituciones sólidas, igualdad ante la ley y administraciones transparentes.

Tubos Reunidos necesita un inversor, un proyecto industrial viable y una reestructuración rigurosa. Los trabajadores necesitan certezas. Los contribuyentes necesitan saber qué ocurrió con su dinero. Y la democracia española necesita algo todavía más sencillo: que todas las decisiones públicas puedan explicarse sin intermediarios, sin atajos y sin zonas de sombra.