La directora de la Guardia Civil debe dimitir y con ella Marlaska: peones de Sánchez al servicio de la cloaca

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, está acorralada. Un nuevo informe ampliatorio de la UCO la sitúa en el epicentro de las maniobras de la llamada “cloaca” del PSOE para neutralizar investigaciones incómodas. Leire Díez, la fontanera del partido, mantenía una relación fluida con ella —reuniones confirmadas, mensajes borrados oportunamente— y González impulsó informaciones reservadas contra agentes de la UCO que investigaban casos sensibles para el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez.

El documento de la UCO es demoledor: describe cómo se abrieron expedientes internos siguiendo la estrategia de la trama, cómo se amonestó a un analista por incluir el correo de Begoña Gómez en un informe y cómo González conocía las intenciones de Leire desde mayo de 2025, pese a lo cual continuó los contactos. Este martes comparece en el Senado para dar explicaciones. Pero a estas alturas, las explicaciones ya no bastan. Está a los pies de los caballos de su propia institución. Su permanencia al frente del Instituto Armado resulta insoportable para cualquier demócrata que valore la independencia de las fuerzas de seguridad. Debería dimitir ya, antes de que la imputación —que parece cuestión de horas o días— la convierta en un lastre insostenible.

Fernando Grande-Marlaska, su superior directo, ha sido su escudo incondicional. Ha defendido de manera balbuceante e incomprensible una actuación que la UCO describe como servil a los intereses de la trama. Al hacerlo, se ha atado a su destino. La complicidad por omisión y por acción lo convierte en corresponsable. No puede seguir al frente del Ministerio del Interior quien ha convertido la Guardia Civil en un instrumento político.

Y en la cúspide está Pedro Sánchez. Como máximo responsable del PSOE y del Gobierno, corona una pirámide de presunta corrupción que ha puesto toda la maquinaria del Estado al servicio de la cloaca. La directora, el ministro y el presidente forman una cadena de mando que ha intentado torcer el curso de la justicia para proteger intereses personales y partidistas.

Los tres deberían dimitir por decencia democrática. Están llevando a España al límite: erosionando la confianza en las instituciones, politizando la seguridad y enfrentando al Estado de Derecho contra el poder político.

Lo único positivo en esta crisis es que, pese a todo el aparato desplegado, el Estado de Derecho ha resistido. La UCO ha hecho su trabajo, los jueces han actuado y la verdad aflora. La justicia, una vez más, triunfa frente al autoritarismo del sanchismo. España merece instituciones limpias, no peones al servicio de una cloaca. Dimisiones ya.