Sánchez, a punto de recibir un mazazo del Supremo: su regularización masiva, en el aire

El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a un revés judicial de primera magnitud contra una de las medidas estrella de Pedro Sánchez, el Real Decreto de regularización extraordinaria impulsado de manera unilateral y sin debate parlamentario por el Gobierno. En una providencia del pasado 24 de junio, la Sala Tercera no se limita a tramitar los recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón: entra de lleno en el fondo y plantea hasta seis puntos de posible colisión con el Derecho de la Unión Europea, el Pacto de Migración y Asilo y la Directiva de Retorno.

El Gobierno aprobó la norma el 14 de abril y fijó como fecha límite el 29 de junio. El resultado ha superado cualquier previsión oficial: más de 1,2 millones de solicitudes, más del doble de las 500.000 que el Ejecutivo calculaba. Lo que se presentó como una medida humanitaria y de orden se ha convertido en un proceso masivo sin precedentes recientes en España.

El Supremo señala que la regularización generalizada por el mero hecho de la estancia irregular puede vulnerar obligaciones europeas de cooperación leal, notificación previa a la Comisión y coordinación con otros Estados miembros. También cuestiona el tratamiento de los solicitantes de protección internacional y el impacto en el espacio Schengen. Magistrados que ya expresaron reservas en mayo ahora impulsan un análisis más profundo y otorgan cinco días de trámite de audiencia. La vía queda abierta a una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE o incluso a una suspensión cautelar posterior.

Líderes europeos como Giorgia Meloni ya advirtieron que las decisiones de Sánchez afectan al resto del continente. El mazazo no vendría solo de la oposición española, sino de la propia justicia europea que el Gobierno dice respetar cuando le conviene.

Si el Supremo decide elevar la cuestión o paralizar el proceso, Sánchez no solo perdería su gran baza migratoria de esta legislatura: quedaría en evidencia una política improvisada, sin consenso europeo y potencialmente ilegal. Una regularización de esta escala no es neutral: altera el mercado laboral, los servicios públicos y, a medio plazo, el censo electoral. El Estado de Derecho tiene ahora la palabra. Y el Supremo parece dispuesto a usarla.