Un desesperado Pedro Sánchez pretende manipular las elecciones generales

Desde su llegada al mundo de la política los españoles hemos podido comprobar de primera mano como Pedro Sánchez, demostrando una falta de escrúpulos sin límites, ha sido capaz de traspasar todo tipo de líneas rojas, llegando al extremo de subvertir el orden constitucional, socavar el Estado de Derecho y adulterar el sistema democrático. En la raíz de tan indecente forma de proceder existen dos factores determinantes, el uno de carácter estructural y el otro de carácter coyuntural.

El factor estructural viene dado por la psicopatía de carácter narcisista que tan siniestro personaje padece, dado que dicho trastorno de la personalidad trae consigo una obsesiva búsqueda de poder, que tiene como finalidad el estar en disposición de saciar la inmensa egolatría que perturba su alma. En consecuencia, haciendo suya la máxima maquiavélica según la cual “el fin justifica los medios”, P. Sánchez hace tiempo que decidió dejar de lado todo tipo de código ético orientado al bien común, para así poder hacer realidad su autocrático proyecto político. Por su parte el factor coyuntural que impulsa a P. Sánchez a aferrarse al poder no es otro que la enrevesada situación procesal que atraviesan tanto su esposa como su hermano, ya que su privilegiada posición le permite seguir teniendo en sus manos los resortes institucionales que pueden librar de la cárcel a la mujer que pretendió ser catedrática sin pasar por la Universidad y al hombre que quiso ser director de artes escénicas sin disponer del currículum profesional necesario para ello.

Partiendo de estas premisas el problema de P. Sánchez es que una buena parte de la ciudadanía ya le ha cogido la matrícula, como demuestra el hecho de que la canción del año verse sobre su madre y no precisamente en términos elogiosos. A ésta lamentable situación debe añadirse la problemática derivada de la ruptura de Junts con el PSOE, ya que ello ha provocado el que P. Sánchez haya perdido la mayoría parlamentaria que daba una cierta estabilidad al Gobierno socialcomunista que preside. Como consecuencia de todo ello P. Sánchez ha decidido brindarnos una nueva exhibición de trilerismo político al impulsar la modificación del censo electoral a corto y medio plazo, con la perversa intención de que ello redunde en su propio beneficio en futuras citas electorales.

Así, en abril de 2026 el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular, exigiendo para ello que las personas sujetas a dicho proceso estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que carecieran de antecedentes penales. Las estimaciones de Gobierno sanchista señalaban que se regularizarían alrededor de 500.000 inmigrantes, pero finalmente el proceso se ha disparado hasta alcanzar la impresionante cifra de 1.200.000 solicitantes. Este importante decalaje se ha debido fundamentalmente en la falta de rigor administrativo en la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos, la existencia de mafias ligadas a la inmigración que ofrecían el pack completo para que los inmigrantes tuvieran sus papeles en regla y, finalmente, al espectacular incremento de flujos migratorios procedentes fundamentalmente del Reino Unido, Francia, Italia, Marruecos y Argelia, todo lo cual pone bajo sospecha la limpieza del proceso.

Obviamente este proceso de regularización masiva y descontrolada trae consigo una serie de problemas de muy difícil solución. Así, la regularización de decenas de miles de inmigrantes musulmanes pone en jaque cohesión de la sociedad española, ya que la religión islámica, anclada en el corazón de la Edad Media, es incompatible con los valores sobre los que se asienta la civilización occidental, debiéndose añadir a ello el hecho de que una parte no despreciable de la población musulmana se muestra a favor de la yihad o guerra santa contra Occidente, como ponen de manifiesto los numerosos atentados perpetrados en nombre del Islam en las principales ciudades europeas y norteamericanas. A su vez, el desmesurado número de personas que el Gobierno pretende regularizar va a erosionar de forma significativa los servicios sociales, va a tensionar a la baja los salarios de aquellas personas que se encuentran en la base de la pirámide social y va a dificultar aún más el acceso a la vivienda de los jóvenes españoles. Por último, es un hecho innegable que las altas tasas de inmigración provocan un notable incremento de la inseguridad ciudadana, debido a que las dificultades de inserción de los inmigrantes en el mercado laboral provoca que un número no menor de los mismos acaben entrando a formar parte de mafias extranjeras dedicadas al crimen organizado. Por todo ello, en aras de una solidaridad bien entendida, frente pésimo al modelo migratorio socialista, urge establecer un modelo administrativamente transparente, que prime la llegada de inmigrantes a través de acuerdos con los países de origen y que contemple las necesidades y posibilidades de absorción del mercado laboral español.

Mucho más graves a efectos electorales a corto plazo resulta la llamada “Ley de Nietos”, derivada de la aplicación de la Disposición Adicional Octava de la liberticida, sectaria y guerracivilista Ley de Memoria Democrática, ya que ello supone una distorsión interesada del censo electoral de cara a las próximas elecciones generales. Inicialmente la disposición contemplaba la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de aquellas personas que se exiliaron a Hispanoamérica por razones políticas o de orientación sexual entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Sin embargo, Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y hermana del orangután que tenemos de ministro de Transportes, haciendo un uso ilegal de sus funciones firmó la publicación en el BOE suprimiendo de motu proprio la exigencia de presentar de manera documentada los motivos del exilio, de tal forma que el proceso de nacionalización quedó tan solo vinculado al periodo de salida de España. Gracias a esta disposición se calcula que alrededor de 2,5 millones de personas podrían ser nacionalizadas de forma inmediata, quedando por ello habilitadas para participar en las próximas elecciones generales, con la particularidad de que podrán hacerlo en la circunscripción que graciosamente tengan a bien elegir. Obviamente, semejante normativa resulta a todas luces irracional, ya que no parece para nada procedente el que un individuo nacido en el extranjero y que no haya vivido jamás en España pueda participar en un proceso en el que se decide quien debe gobernar en España y que políticas deben ser implementadas. Por lo tanto, a la luz de tamaña tropelía, solo cabe concluir que el Gobierno socialcomunista, ante sus paupérrimas expectativas electorales, ha impulsado esta iniciativa con el perverso objetivo de dar un pucherazo electoral en toda regla, ya que según distintas fuentes demoscópicas el voto de los nuevos nacionalizados podría influir en la adjudicación de al menos 13 escaños.

En definitiva, solo a un sanchista fanático o a un deficiente intelectual se le puede escapar el hecho de que ambos procesos reguladores suponen una alteración del tamaño y la estructura de la población española, respondiendo dicho cambio demográfico no al deseo de reparar una injusticia, sino al desesperado intento de P. Sánchez de manipular las elecciones y provocar un vuelco electoral que de otra forma sería imposible, debido a la desafección que su diabólica forma de gobernar ha provocado en buena parte de la sociedad española. Por todo ello, tomando prestada la frase del Mefistófeles de Goethe, el psicópata monclovita podría decir de sí mismo “Soy el espíritu que siempre niega y reduce todo a la nada, destruyendo así la obra de la creación”.