Gobernar exige muchísimo más

Vivimos inmersos en una sucesión ininterrumpida de grandes errores de gestión pública que cada vez asumimos con mayor naturalidad y resignación. Accidentes ferroviarios, infraestructuras que colapsan, inundaciones agravadas por la imprevisión, pandemias gestionadas con alarmante negligencia, por citar solo algunos ejemplos recientes, se unen a los incendios devastadores que estos días, como todos los veranos, arrasan nuestro territorio forestal.

Estas catástrofes constituyen solo la manifestación más visible de un problema más profundo de incapacidad para gestionar las áreas estratégicas de nuestra sociedad. La economía, el empleo, la industria, la ciencia, la educación, la justicia y la energía no consiguen desenvolverse adecuadamente en un contexto mundial globalizado.

Ninguna sociedad puede evitar las contingencias, pero una administración verdaderamente profesional y competente puede prevenir muchas de ellas y minimizar sus consecuencias. Lo inquietante es que la mediocridad ha dejado de ser una excepción para convertirse en el denominador común de gobiernos y responsables institucionales de todos los signos políticos y en todos los niveles de la Administración.

Si sus estructuras continúan funcionando, cada vez más renqueantes, es gracias a la inercia del aparato construido durante décadas. Pero esa reserva de competencia también se agota, mientras la degradación creciente del liderazgo político desmotiva a los mejores, promociona la obediencia sobre el mérito y convierte los cuerpos técnicos, tradicionalmente prestigiosos y eficaces, en víctimas del deterioro generalizado. El filtro de inutilidad denunciado en el Principio de Peter, según el cual el sistema nos promociona hasta nuestro mayor grado de incompetencia, ha tomado las riendas de la estructura de gobernanza.

La rampante ineficacia de la oligocracia gobernante, en general bastante mejorable en virtudes éticas y dianoéticas y permanentemente subordinada a intereses partidistas y personales, constituye, sin duda, el principal lastre para el desarrollo del país. Por ignorancia ad extra (del objeto) y ad intra (de uno mismo), irresponsabilidad o pancismo, demasiados gestores institucionales asumen competencias que los sobrepasan ampliamente, amparados por la impunidad que les confiere una sociedad silente y aturdida por el burdo rifirrafe ideológico, incapaz de recriminar aquello que no reconoce y de exigir lo que le conviene.

Pero la responsabilidad última, por incómodo que resulte admitirlo, no es solo de quienes gobiernan. Recae también en una ciudadanía que ha terminado por normalizar lo inaceptable y continúa poniendo sus intereses en manos inadecuadas. No podemos esperar pasivamente a que los pirómanos apaguen el incendio. Ninguno de nuestros gobernantes se reconocería en esta descripción y, de hacerlo, mucho menos actuaría en consecuencia. Somos los ciudadanos los que, individual y colectivamente, tenemos que reaccionar activamente para poder llegar a saber (aquello de lo que no nos damos cuenta), querer (transformar el sistema), y poder (conseguirlo).

Saber exige un esfuerzo metacognitivo para superar la manipulación y el control mental derivados de una polarización desbocada que nos ha llevado a idolatrar irreflexivamente a los líderes de nuestra corriente de pensamiento y a someternos dócilmente a sus vaivenes, muchas veces interesados. La farsa se sustenta sobre la convicción, cuidadosamente inoculada, de estar en el lado correcto de la historia y en posesión de la verdad, de modo que cualquier disparate propio nos parece infinitamente menos grave que cualquier acierto ajeno.

Esta alterofobia inducida constituye el oxímoron de una nueva forma de xenofobia que convierte al conciudadano en un extranjero moral por el mero hecho de pensar de forma distinta. Claramente, nuestro enemigo es quien instrumentaliza nuestras diferencias y se aprovecha de ellas, no el semejante que discrepa. La disidencia documentada y pacífica no solo no perjudica, sino que introduce visiones sobre realidades alternativas que, adecuadamente consideradas, deberían enriquecernos en lugar de enfrentarnos.

Saber implica también distinguir entre hacer política y gobernar. Mientras que lo primero consiste en persuadir, negociar y ganar elecciones, lo segundo exige conocimientos técnicos, experiencia, visión estratégica y capacidad para dirigir organizaciones extraordinariamente complejas. Sin embargo, aceptamos con naturalidad que quien ha demostrado habilidad para conquistar el poder sea considerado automáticamente apto para ejercerlo.

La propia lógica del sistema favorece esta confusión. Los partidos y las colectividades seleccionan con frecuencia a quienes mejor sobreviven en la lucha interna, dominan la propaganda con desparpajo, o manejan con más habilidad los datos para sostener convenientemente los relatos. Y nosotros contribuimos a perpetuar el problema cuando no castigamos esas conductas y premiamos el carisma, la afinidad ideológica o la promesa populista por encima de la competencia acreditada. El resultado es un déficit meritocrático que permite acceder al gobierno y la gestión sin haber demostrado preparación específica para ello.

Querer conlleva renunciar, sobre la base del diagnóstico anterior, a la prioridad impuesta por la manipulación ideológica para anteponer nuestros verdaderos intereses a los de quienes viven de administrarlos. La regeneración exige algo más que esperar abnegadamente la aparición de líderes mejores. Eso, simplemente, no va a ocurrir. Requiere ejercer la voluntad de abrir un sistema político que se ha cerrado sobre sí mismo.

Poder, finalmente, precisa afrontar la incertidumbre inherente a cualquier cambio profundo. Nuestra posibilidad más realista pasa por favorecer la aparición de una nueva élite gobernante tecnocrática y virtuosa. Los sabios griegos de la antigüedad ya distinguían con notable claridad entre la mera posesión del poder y la excelencia para ejercerlo, la areté, a la que Aristóteles añadió la phrónesis, la sabiduría práctica que permite decidir acertadamente sobre los asuntos del común.

En este contexto, el voto en blanco adquiere un valor estratégico. Lejos de expresar indiferencia, constituye una manifestación de autonomía intelectual e independencia de criterio que habilita un espacio electoral dispuesto a respaldar iniciativas transformadoras encarnadas por personas preparadas y con sentido de servicio público. Porque no se trata de sustituir una oligarquía por otra, sino de hacer posible el gobierno de los mejores mediante una selección genuinamente meritocrática. Una democracia no fracasa cuando se equivoca una vez al elegir a sus gobernantes, sino cuando se perpetúa en el error.