editorial
Sánchez maniobra con la Fiscalía General para dinamitar la investigación judicial sobre Ceuta
Peramato no es una figura abstracta: la nombró el presidente tras la condena e inhabilitación de Álvaro García Ortiz. Su criterio será preceptivo para la Fiscalía, aunque no vincule a la instructora
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, junto a Pedro Sánchez
El informe del CENIF no describe una avalancha espontánea. Describe una entrada masiva, planificada y táctica de más de 70.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio; gendarmes marroquíes que “guiaron” el cruce; alertas previas; y una “violación masiva de la soberanía territorial de España”. Ese documento no encaja con el relato de Moncloa. Por eso el Gobierno se ha puesto nervioso. Y por eso la Fiscalía ha movido ficha.
La jueza María Tardón instruye en la Audiencia Nacional la querella de Iustitia Europa. El fiscal del caso, José Perals, era favorable a investigar posibles delitos contra la integridad del Estado. Al día siguiente de conocerse el atestado policial, Jesús Alonso apartó a Perals y asumió personalmente el informe sobre competencia y admisión a trámite. No es un detalle burocrático. Es el primer filtro político de una causa que amenaza con salpicar a Interior y, si escala, a aforados del Gobierno.
Encima actúa Teresa Peramato. La Fiscalía General ha activado el artículo 25 del Estatuto Orgánico para dirigir la posición del Ministerio Público “por su trascendencia”. Peramato no es una figura abstracta: la nombró Pedro Sánchez tras la condena e inhabilitación de Álvaro García Ortiz. Su criterio será preceptivo para la Fiscalía, aunque no vincule a la instructora. Basta con eso para intentar encarrilar, retrasar o descafeinar lo que Perals quería abrir.
Mientras tanto, Marlaska exige explicaciones al director general de la Policía y Sánchez pregunta en el Congreso por qué el informe judicial no circuló antes por Interior. El mensaje es el de siempre: primero se discute el mensajero, después el hecho. Ceuta, herida y desbordada, no puede quedar reducida a una crisis “migratoria” si hay indicios de una operación concertada contra una frontera española.
La independencia judicial no se mide en comunicados. Se mide en si un informe policial incómodo llega a investigarse de verdad, o si la cadena de mando fiscal -rematada por quien eligió Sánchez- sirve para dinamitarlo antes de que empiece.