¿Profesionales para proteger, pero no para ser escuchados?

Hay preguntas que no deberían tener color político.

Hay preguntas que deberían responderse desde el sentido común, desde el respeto institucional y, sobre todo, desde el respeto a quienes tienen la responsabilidad de protegernos.

Una de ellas es esta:

Si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son suficientemente profesionales para proteger a nuestros representantes públicos, ¿por qué algunos de sus informes, análisis o advertencias parecen convertirse en incómodos cuando cuestionan determinadas decisiones políticas?

No estoy hablando de aceptar un informe como una verdad absoluta.

Estoy hablando de algo mucho más sencillo: escucharlo, analizarlo y explicar sus conclusiones con transparencia.

Lo que está ocurriendo alrededor de Ceuta merece precisamente eso.

A finales de julio, la ciudad autónoma sufrió una entrada masiva de personas que puso bajo una presión extraordinaria sus servicios públicos y sus capacidades de control fronterizo. El propio Gobierno declaró posteriormente la situación de interés para la seguridad nacional y reconoció oficialmente que aquella situación había generado una presión inédita sobre las capacidades de las administraciones.

Y ahora conocemos la existencia de documentación policial remitida a la Audiencia Nacional sobre aquellos acontecimientos.

Al mismo tiempo, hemos asistido a declaraciones del Gobierno cuestionando determinadas interpretaciones de esos documentos y a comunicaciones internas de la propia dirección de la Policía señalando que no existe un informe que atribuya la planificación o ejecución de los hechos a las fuerzas marroquíes. Perfecto.

Pues que se investigue. Que se contraste. Que se publique lo que legalmente pueda publicarse. Y que sean los hechos, las pruebas y las investigaciones judiciales quienes determinen qué ocurrió.

Pero lo que no deberíamos hacer es convertir a quienes elaboran informes profesionales en el problema.

Porque si algo hemos aprendido de otras tragedias recientes es que las advertencias y los informes técnicos no pueden ser incómodos simplemente porque no encajen con el relato que alguien esperaba encontrar.

En el caso de Adamuz, por ejemplo, distintos informes de la Guardia Civil han ido aportando elementos relevantes para esclarecer las causas del accidente ferroviario, y la investigación judicial continúa. No se trata de comparar tragedias ni de utilizar el dolor de las víctimas para hacer política. Se trata de recordar una regla elemental:

cuando un profesional advierte de un riesgo, lo primero que corresponde es escucharle. Después vendrá la investigación. Después vendrá la responsabilidad, si la hubiera.

Pero nunca al revés.

Y aquí llegamos a la pregunta que me llevó a escribir estas líneas.

¿Profesionales para proteger, pero no para ser escuchados?

Nuestros policías nacionales, nuestros guardias civiles y nuestros militares están en primera línea cuando las cosas se complican.

Están cuando hay una frontera que proteger.

Están cuando una ciudad necesita refuerzos.

Están cuando hay que intervenir ante una emergencia.

Están cuando otros retroceden.

Y están también, paradójicamente, protegiendo a quienes desde la responsabilidad política pueden cuestionar públicamente su trabajo.

¿No es una contradicción?

Si confiamos en ellos para proteger nuestra vida, nuestra seguridad y la de nuestros representantes, debemos confiar también en su profesionalidad cuando elaboran análisis, informes y evaluaciones dentro de sus competencias. Eso no significa darles la razón siempre.

Significa respetar su trabajo.

Significa no convertir una discrepancia técnica en una descalificación.

Significa investigar cuando existen versiones diferentes.

Y significa algo todavía más importante: no confundir el deber de obediencia de un agente con la obligación de guardar silencio de las instituciones.

Porque una democracia sana no necesita funcionarios que digan aquello que el poder quiere escuchar. Necesita profesionales que puedan decir aquello que consideran necesario advertir. Y necesita responsables políticos capaces de escuchar incluso aquello que no quieren oír.

Ceuta merece respuestas

Los ciudadanos de Ceuta no necesitan titulares enfrentados. Necesitan seguridad. Necesitan recursos. Necesitan saber que España está con ellos.

Y necesitan saber qué ocurrió, qué se sabía antes de los acontecimientos, qué información llegó a cada organismo y qué decisiones se tomaron.

Eso no es partidismo. Eso es rendición de cuentas. La frontera española no es una cuestión ideológica. La seguridad tampoco. Y la profesionalidad de quienes llevan un uniforme mucho menos.

Por eso creo que debemos dejar de mirar a nuestros policías, guardias civiles y militares como herramientas que solo son válidas cuando sus actuaciones encajan con nuestras expectativas.

Su profesionalidad no puede ser reconocida únicamente cuando resulta conveniente. Sus informes merecen ser escuchados. Sus advertencias merecen ser analizadas. Y su trabajo merece respeto. Porque negar una realidad no hace que desaparezca.

Y cuestionar a quienes tienen la responsabilidad de advertirla no elimina la responsabilidad de actuar.

Hoy es Ceuta. Y mañana podría ser cualquier otro lugar de España.

Por eso no deberíamos preguntarnos únicamente qué ocurrió. Deberíamos preguntarnos también:

¿Estábamos preparados?

¿Quién sabía qué?

¿Cuándo lo supo?

¿Qué decisiones se tomaron?

Y, sobre todo:

¿Estamos dispuestos a escuchar a quienes están en primera línea antes de que vuelva a ser demasiado tarde?

Por Ceuta. Por sus ciudadanos.

Por nuestros policías, guardias civiles y militares. Y por una España en la que la seguridad, la verdad y la responsabilidad estén por encima de cualquier relato político.

CEUTA NO ESTÁ SOLA.