editorial
Marlaska tiene 'fichados' a casi 300 tertulianos: un Gobierno de república bananera
En una sociedad libre, ningún organismo público tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes informan. Hacerlo no es gestión de la comunicación: es vigilancia
Fernando Grande Marlaska, en una imagen de archivo
No hay eufemismo capaz de disfrazar lo que es. El Ministerio del Interior elaboró un dosier de 54 folios, con membrete oficial y fecha de 2024, en el que fichó a casi 300 periodistas y tertulianos de radio y televisión. Foto, medio, colaboraciones y, sobre todo, una etiqueta ideológica: “afín al Gobierno”, “anti-sanchista”, “tendencia conservadora”, “extrema derecha”, “claramente de izquierdas”. No es un recorte de hemeroteca. Es un catálogo político fabricado desde el Estado.
Fernando Grande-Marlaska lo ha reducido a un “documento de trabajo” interno, sin “finalidad espuria”. Esa explicación no resiste el más mínimo escrutinio democrático. En una sociedad libre, ningún organismo público tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes informan. Hacerlo no es gestión de la comunicación: es vigilancia. Y la vigilancia, cuando la ejerce quien controla acreditaciones, fuentes y trato institucional, introduce el riesgo de represalia.
La gravedad no está solo en la lista. Está en la distinción entre periodistas “afines” y “problemáticos”. Esa frontera, trazada desde Interior, condiciona el periodismo crítico. El profesional que sabe que su opinión queda archivada por el Gobierno ya no trabaja en las mismas condiciones que el que aparece como dócil. La igualdad de trato deja de ser una garantía y se convierte en una sospecha.
Tampoco basta con disculparse ante los “ofendidos”. El daño no es de sensibilidad; es institucional. Clasificar a directores, columnistas, tertulianos y redactores —incluso a quienes cubren Policía y Guardia Civil— según su proximidad al Ejecutivo es incompatible con el Estado de Derecho y con la libertad de prensa que reconoce la Constitución. La pluralidad no se administra desde un ministerio. Se protege.
Si este país no quiere normalizar las cloacas de papel, hace falta algo más que un comunicado. Hay que cesar de inmediato cualquier práctica de seguimiento o perfilado, ofrecer garantías de que nadie ha sufrido trato diferenciado y depurar responsabilidades en el Ministerio del Interior. Un “documento de trabajo” que ficha a casi 300 voces no es rutina administrativa. Es un aviso de hasta dónde está dispuesto a llegar el poder cuando le incomoda la crítica.