Tardón no acepta el relato de Sánchez: investiga el asalto a Ceuta como un ataque a España

La magistrada María Tardón no se conforma con la versión oficial ni con los documentos desclasificados a regañadientes por Moncloa. En un auto que ha caído como una bomba en el Gobierno, la instructora de la Audiencia Nacional reclama todas las comunicaciones, alertas y análisis de riesgo emitidos por Policía, Guardia Civil, CNI, Fuerzas Armadas y demás organismos antes de los días 30 y 31 de julio. Quiere saber quién recibió qué, a qué hora y por qué canal. Y no se queda ahí.

Ha citado como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, que dimitió tras afirmar que sí trasladó a su superior los avisos del CNI sobre el asalto anunciado en redes. Vivas declarará el 30 de septiembre; Sanz, el 1 de octubre. La jueza busca reconstruir qué información había sobre el terreno y por qué se produjo el colapso operativo que permitió la entrada de decenas de miles de personas.

Tardón va más lejos. Ordena un análisis biométrico y de reconocimiento facial de los supuestos gendarmes marroquíes que, según informes policiales, guiaron la avalancha. Y exige a Google y Meta los datos de los teléfonos desde los que se organizó y difundió la convocatoria. No es una investigación cosmética: es un intento serio de determinar si hubo dirección organizada desde el otro lado de la frontera y si las autoridades españolas reaccionaron —o no— a las advertencias que ya existían el 29 de julio.

En La Moncloa el nerviosismo es evidente. Tras semanas de intentar desviar el foco hacia Vivas, ahora se enfrentan a una jueza que no acepta relatos incompletos. Las alertas del CNI y del CENIF existieron. Hubo avisos de “riesgo extremo”. Hubo muertos —más de ochenta confirmados en aguas españolas— y un territorio desbordado. La pregunta que Tardón está formulando con diligencias concretas es incómoda: ¿se hizo lo suficiente con la información disponible?

Sánchez y su Gobierno pueden intentar seguir presentando esto como una crisis migratoria más. La jueza, en cambio, lo investiga como un ataque a la integridad territorial. Y está dispuesta a llegar hasta el final. Eso, precisamente, es lo que aterra a quienes preferirían que el asunto se diluyera entre comunicados y reproches cruzados. La verdad judicial, por fin, empieza a abrirse paso.