Sánchez, a la desesperada, redobla su apuesta antisistema con un ataque sin precedentes contra el Supremo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
En un país normal, que el presidente del Gobierno acuse al Tribunal Supremo de «socavar la democracia» abriría telediarios y portadas. En España ya no. El sanchismo ha acostumbrado a la opinión pública a una barbaridad tras otra hasta convertir lo extraordinario en rutina. Lo de este domingo en la Fiesta de la Rosa de Gavà no es un desliz: es la estrategia.
Pedro Sánchez ha calificado de «hecho muy grave» que el Alto Tribunal aceptara las medidas cautelares sobre la llamada ley de nietos y ha sostenido que esa decisión «desgraciadamente socava nuestra democracia». Puede añadir, por higiene verbal, que no cuestionará un fallo que «a todas luces no comparte». Da igual. El mensaje ya está lanzado: cuando un tribunal no se pliega a su conveniencia electoral, deja de ser Justicia y pasa a ser amenaza.
No es normal. Un jefe de Ejecutivo no denigra a los jueces porque una resolución le perjudique o contradiga sus deseos. Eso es polarización calculada. Sánchez no debate una norma: prepara el terreno. Redobla la apuesta antisistema para que, el día en que una sentencia le alcance en la línea de flotación, el relato esté amasado y criado en barrica. Entonces no habrá que acatar. Bastará con decir que las togas quieren dar un golpe de Estado para sacarlo del poder.
Esa es la operación. Convertir cada control judicial en una ofensiva política. Presentar al Supremo no como garante del Estado de derecho, sino como actor partidista. Acusar a la oposición de lo que en realidad hace él: instrumentalizar las instituciones. Y, de paso, acostumbrar al país a que el presidente decida qué fallos son democráticos y cuáles no.
La democracia no se socava cuando un tribunal aplica cautelares. Se socava cuando el poder ejecutivo educa a sus votantes en la idea de que la ley es ilegítima si le estorba. Sánchez, a la desesperada, está dispuesto a llevarse por delante cuanto haga falta, incluso el Estado de derecho. Es un cáncer y un peligro para la democracia. Hay que extirparlo en las urnas lo antes posible, si es que llega a darnos la palabra. Porque este sujeto es capaz de cualquier cosa.