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Editorial

Sánchez y Zapatero en su peor momento: calvario judicial por la corrupción de los dos presidentes socialistas

El presidente Pedro Sánchez y el expresidente Zapatero.

El presidente Pedro Sánchez y el expresidente Zapatero.Europa Press

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Este lunes, mientras Pedro Sánchez aterrizaba en Nueva York para vender multilateralismo ante la ONU, los tribunales le devolvieron a España, a su verdadera agenda. El juez Juan Carlos Peinado abrió juicio oral con jurado contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación. Es la primera esposa de un presidente en ejercicio que se sentará en el banquillo. El PSOE respondió con el argumentario de siempre: “persecución”, “último servicio a la patria” de un magistrado a punto de jubilarse. La Fiscalía pide la absolución; la acusación popular, hasta 13 años. El auto no se desvanece porque Moncloa lo llame lawfare.

También este lunes, el juez Calama apretó el caso Plus Ultra. Citó como investigadas para el 30 de noviembre a Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, y dio tres días al expresidente para aportar documentación sobre las joyas halladas en su despacho —tasadas en 1,3 millones— cuyo origen sigue sin una explicación solvente. Anticorrupción reclama además un informe fiscal sobre padre e hijas entre 2020 y 2025. El núcleo es el rescate público de 53 millones a la aerolínea en 2021 y las presuntas comisiones del 1% —unos 530.000 euros— que, según directivos ya declarados, habrían pagado la influencia del “grupo Zapatero”.

Al entorno de Sánchez se le han ido acumulando condenas e imputaciones: el hermano, el ex número dos, el secretario de Organización, el fiscal general. Zapatero, durante años presentado como faro moral, aparece ahora como presunto eje de una estructura de intermediación ante el Estado. Sánchez, que aún promete llevarlo a la campaña y apela a su presunción de inocencia, eligió el silencio o el ataque al juez.

La presunción de inocencia es un derecho, no un salvoconducto político. Dos presidentes socialistas —uno en el cargo, el otro como interlocutor permanente de Moncloa— ven cómo la Justicia examina el uso del poder, el dinero público y el patrimonio familiar. El calvario no lo inventan las togas. Lo van firmando los autos. Y cada resolución acerca más esta legislatura a las urnas.

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