Acabado, Sánchez intenta esconder Ceuta y la corrupción tras una anciana de 87 años: fracaso total

Pedro Sánchez ha vuelto a convertir una tragedia ajena en cortina de humo. Mientras Ceuta sigue pagando su política con Marruecos y la corrupción rodea a su entorno, el presidente ha intentado esconderse detrás de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada el miércoles de la casa en la que vivía desde 1956.

El caso es duro. El padre firmó un contrato de renta antigua en 1956. Tras las subrogaciones, Urbagestión compró el inmueble en 2018 y reclamó una renta inasumible. El Tribunal Supremo aplicó la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 —aprobada por el PSOE de Felipe González— que limita la segunda subrogación si no hay una discapacidad del 65%. Maricarmen tiene el 50%. La Policía Nacional ejecutó el lanzamiento por orden judicial. Ni Ayuso ni Almeida dictaron la sentencia.

Antes de salir en camilla, la propia Maricarmen lo dijo en el Informativo Territorial de TVE: Sánchez “parece que no quiere enterarse de los desahucios que hay”. Meses antes, en el Canal 24 Horas, le pidió que “cruzara el río” y se enfrentara a los fondos buitre. El presidente, desde Nueva York, prefirió señalar a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida por “aticazos” y “caso omiso”.

La hemeroteca es implacable. En 2015, en un mitin en Vícar, Sánchez gritó: “¡No va a haber más desahucios en España cuando haya un Gobierno socialista!”. Desde que llegó a Moncloa en 2018 se han practicado más de 270.000 lanzamientos, según el CGPJ. Solo en 2025 hubo 25.540. Cataluña lideró con 6.814, seguida de Andalucía (3.782) y la Comunidad Valenciana (2.992). Madrid quedó cuarta, con 2.267.

Ocho años de Gobierno, una Ley de Vivienda y varias moratorias no corrigieron la disposición que extinguió aquel contrato. Ahora usa a una anciana para tapar Ceuta y para pedir un decreto que, según los textos ya tumbados, tampoco le habría salvado la casa. El escándalo no es solo el desahucio. Es el cinismo.