El decreto Maricarmen

Hay algo profundamente comprensible en el origen del llamado decreto Maricarmen: la necesidad de que una persona vulnerable no termine en la calle por no poder hacer frente a las reglas de un mercado. El caso de una mujer de 87 años que fue desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante décadas se ha convertido en símbolo de un problema que va mucho más allá de una historia personal (en la que no entraré en público). 

El gobierno ha tratado de responder con dos reales decretos-ley que incluían medidas contra determinados desahucios, prórrogas de contratos, regulación de alquileres temporales y habitaciones y restricciones a determinadas operaciones de fondos de inversión. Sin embargo, el Congreso los ha rechazado. Están locos estos diputados, que diría Goscinny en boca de Obélix.

La cuestión interesante no es solamente si aquellas medidas eran acertadas o equivocadas. La pregunta es hasta dónde estamos dispuestos a llevar la lógica que las inspira. Porque, si aceptamos que la vivienda es un bien esencial cuya disponibilidad debe estar protegida por el Estado incluso frente a las reglas ordinarias del mercado, podríamos plantearnos qué ocurriría si aplicásemos exactamente el mismo razonamiento a otro ámbito fundamental como el de la medicina.

Imaginemos un hipotético "decreto Marimedicina". Su objetivo sería garantizar que nadie pudiera quedarse sin tratamiento por motivos económicos, establecer límites a determinados precios sanitarios en cualquier ámbito, garantizar una atención mínima universal y obligar a determinados operadores privados a mantener unos niveles de servicio. Ante un paciente vulnerable, el Estado podría intervenir para evitar que una enfermedad terminase convirtiéndose en una condena económica. A primera vista, pocos discutirían el objetivo. La salud, como la vivienda, condiciona directamente la vida de una persona. Nadie debería quedar abandonado ante una enfermedad grave por carecer de dinero.

Sin embargo, precisamente cuando llevamos la comparación hasta sus últimas consecuencias aparecen las dificultades. Supongamos que el Estado decidiera que ningún médico puede cobrar por encima de una cantidad determinada porque la medicina es un servicio esencial. O que obligara a una clínica privada a mantener indefinidamente a un paciente porque este no puede pagar. O que limitara la posibilidad de que un profesional abandonase su profesión porque existe escasez de médicos. La intención podría ser socialmente defendible, pero las consecuencias serían mucho más complejas.

Podrían aparecer menos incentivos para invertir, dificultades para atraer profesionales, reducción de determinados servicios o un aumento de la presión sobre la sanidad pública. En otras palabras, proteger el acceso a un servicio no garantiza automáticamente que ese servicio vaya a estar disponible en cantidad suficiente.

Ese es precisamente uno de los debates que el decreto de vivienda deja abiertos. Proteger al inquilino frente al desahucio puede ser imprescindible en determinadas circunstancias, especialmente cuando existe vulnerabilidad y no hay una alternativa habitacional. El propio decreto planteaba suspender determinados procedimientos cuando no existiera esa alternativa y establecía mecanismos de protección adicionales. Pero una política de vivienda no puede limitarse a impedir que alguien pierda su casa. Populismo. Debe conseguir que existan suficientes casas y que sus precios sean compatibles con los ingresos de la población.

Y aquí aparece la principal debilidad de este tipo de soluciones: resulta mucho más sencillo regular las consecuencias de la escasez que solucionar la escasez.

En medicina, nadie consideraría suficiente una ley que simplemente prohibiera negar asistencia a un paciente sin construir más hospitales, formar más médicos o mejorar las condiciones laborales del personal sanitario. Del mismo modo, en vivienda no basta con prolongar contratos, limitar determinados alquileres o dificultar ciertos desahucios si no se aumenta de manera sustancial la oferta de vivienda asequible.

El Estado puede y debe proteger a quien se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Pero proteger no debería significar sustituir indefinidamente el funcionamiento de un mercado sin corregir las causas que han provocado el problema. En el caso de la vivienda, esas causas son múltiples: falta de oferta en determinadas zonas, salarios insuficientes, escasez de vivienda pública, presión turística, concentración de la propiedad y dificultades para construir, entre otras. Todos sabemos que es difícil, pero hágase. La huida hacia delante del gobierno, otra vez, alimenta visceralidades sin plantear medidas reales que solucionen el problema.

La comparación con la medicina sirve para poner un límite al debate. Todos entendemos que la salud no puede depender exclusivamente de la capacidad de pago. Pero tampoco aceptaríamos que para garantizarla bastase con dictar una norma que congelara precios y obligaciones sin preocuparse por quién construye hospitales, quién forma médicos o quién financia el sistema. Con la vivienda ocurre algo parecido. El caso de Maricarmen conmueve porque muestra una situación que difícilmente puede considerarse satisfactoria desde el punto de vista social. Pero una política pública no debería diseñarse únicamente a partir de casos que despiertan una legítima indignación. Debe conseguir que esos casos sean menos frecuentes sin crear problemas nuevos.

La verdadera discusión debería ser qué modelo de vivienda queremos construir para que dentro de diez años no necesitemos otro decreto bautizado con el nombre de otra persona. Porque si para garantizar un derecho necesitamos recurrir continuamente a decretos de emergencia, quizá el problema no sea la falta de decretos, sino que todavía no hemos construido un sistema que haga innecesarios esos decretos porque no disponemos de legisladores capacitados.