La corrupción de Sánchez consuma la humillación a España: Puigdemont puede volver cuando quiera

El prófugo ya no tiene que esconderse. El Tribunal Constitucional, con la mayoría progresista que Sánchez se encargó de colocar, ha avalado la amnistía de la malversación del procés, y el juez Llarena ha dejado sin efecto la orden de detención. Carles Puigdemont puede cruzar la frontera cuando le plazca, casi nueve años después de huir en el maletero de un coche tras el golpe de 2017. Es el último pago de una factura que el presidente firmó para seguir en La Moncloa.

Ni las cloacas, ni la financiación irregular, ni los casos de Ábalos o Cerdán alcanzan el calado de este acto. Aquellos son escándalos de personas y de dinero. Este es corrupción política en estado puro: la compra de una investidura con la impunidad de quien dinamitó el orden constitucional. Sánchez no heredó el regreso de Puigdemont; lo diseñó a pesar de haber prometido traerlo ante un juez. La ley de amnistía no fue una medida de reconciliación. Fue el precio exacto que Junts exigió a cambio de sus votos, y el líder socialista lo pagó sin pestañear. "Hacer de la necesidad virtud", dijo entonces el propio Sánchez. Hoy el Tribunal Constitucional cierra el circuito y convierte en derecho lo que empezó como un pacto de despacho.

El coste no se limita a un expresident que vuelve sin haber rendido cuentas. Está en los pactos con los separatistas catalanes y vascos, en el blanqueamiento de Bildu y en la cesión de la política penitenciaria, fiscal y lingüística a quienes no reconocen a España. Cada concesión se vendió como estabilidad. El resultado es una España más débil, con la justicia subordinada al calendario electoral y con un fugado que puede presentarse en campaña como si el 1-O hubiera sido un malentendido.

Sánchez ha consumado la humillación. No con un error de cálculo, sino con una decisión consciente: su continuidad valía más que la igualdad ante la ley. Puigdemont vuelve porque el presidente lo compró. España paga la factura.