Es necesario que se investigue al PSOE como organización criminal

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elaborado un nuevo informe donde revela los contactos de las llamadas cloacas del PSOE con unos narcotraficantes de Badajoz, el “clan de los Rochos”, para atentar contra la Juez Biedma que investigaba el caso del hermano de Pedro Sánchez, y por el que fue condenado.

El informe de la UCO es aterrador, ya que recoge los mensajes de miembros de la “cloaca” en la que se describía a la Juez como “choriza sin igual” y se solicitaba a dicho clan que “había que eliminarla…a palos aprende el burro”. No hay que olvidar que el caso, conocido como "caso Leire Díez", se centra en la presunta trama impulsada por la exmilitante socialista Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para "desestabilizar" las causas judiciales que salpicaban al partido socialista y al Gobierno.

Estos mensajes formalmente acreditados por la UCO, y que van a ser aportados al procedimiento, solo pueden conducir a la imputación del PSOE como persona jurídica por cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos y malversación de caudales públicos.

Según el sumario, el plan tenía dos planes de actuación. Por un lado, el contacto con personas que pudieran facilitar información comprometedora sobre agentes de la UCO de la Guardia Civil, jueces y fiscales que participaban en las pesquisas sobre el entorno del presidente, para "erosionar" su credibilidad. Por otro, intentar propiciar la apertura de investigaciones internas en la Guardia Civil para crear un clima de intimidación entre los funcionarios de la Unidad Central Operativa.

Existe una sospecha fundada de que no fue la aventura de una militante suelta. Según muchos indicios cabe la posibilidad que Leire Díez impulsó las llamadas cloacas del PSOE por orden de Cerdán, pero quien pagó a Leire Díez fue Gaspar Zarrías, condenado por los ERES de Andalucía, a través de la empresa Zaño.

Los requisitos para imputar e investigar a una persona jurídica los fija el artículo 31 bis del Código Penal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre todo en las SSTS 154/2016, 221/2016, 316/2018 y 204/2023 que crean la doctrina.

Esta Jurisprudencia exige que exista un delito cometido por una persona física vinculada a una persona jurídica, ya que la persona jurídica no delinque sola. Tiene que haber una persona física - administrador, directivo, empleado o colaborador bajo su control - que haya cometido un delito de los que generan responsabilidad penal. En el caso “cloacas”, la investigación se dirige contra Leire Díez y Santos Cerdán como presuntos autores materiales.

Otro requisito es que el delito se haya cometido en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en su beneficio. Evidentemente estos individuos pretendían, según la investigación, beneficiar al PSOE obstaculizando las causas que le perjudicaban. También la Jurisprudencia requiere que haya existido un incumplimiento grave de los deberes de supervisión y que la persona jurídica haya obtenido o haya pretendido obtener un beneficio. No hace falta que el beneficio sea económico. Puede ser político, estratégico o reputacional.

Todos estos indicios nos llevan a deducir que el Partido Socialista debe ser investigado en el marco del caso “cloacas” ya que, tras el informe de la UCO y la propia denuncia de la Juez Biedma, pudieron existir actuaciones delictivas puestas en marcha por la dirección del partido socialista, después de los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, con el objetivo de proteger los intereses del Gobierno y del PSOE frente a las investigaciones judiciales.

Todo lo que se está conociendo de la investigación está poniendo de manifiesto que Leire Díez no era una simple militante socialista, como al principio el PSOE afirmó. Incluso la periodista Silvia Intxaurrondo en su programa de TVE llegó a decir, sin que hasta el momento se haya disculpado, que “el único vínculo de Leire Díez con el PSOE era una foto” y que “su relación con Ferraz es la de una militante sin cargo”.

Si el juez acepta investigar al PSOE como persona jurídica, el siguiente paso será que tendría que designar un representante legal para declarar como investigado y abriría la puerta a una posible responsabilidad penal como persona jurídica, algo inédito para un partido de gobierno en España.

Los españoles, antes de ir a las urnas el próximo 29 de noviembre, tenemos el derecho de saber si en España existió una estructura pagada y dirigida desde el Partido Socialista, que quería eliminar a una Juez contactando con los “bajos fondos mafiosos”. Eso es lo que debe investigarse, y eso es lo que el juez Pedraz tendrá que decidir. Y no habrá acampada ni huelga general que tape el espanto y el hedor que se desprende de los informes de la UCO que describen como en España individuos relacionados con el partido socialista contactaban con delincuentes para “eliminar” a una juez que molestaba.