El silencio del CGPJ ante las amenazas a Biedma agrava su problema de credibilidad

El CGPJ, organismo que controla la actuación de los jueces y que está formado por personas de reconocido prestigio, pero que son designadas por los partidos políticos, no ha querido manifestar su apoyo explícito a la juez Beatriz Biedma, acosada y amenazada incluso con ser eliminada por parte de la cloaca. 

Este silencio del organismo ahonda más en la percepción que arrastra desde hace años respecto a que está condicionado por una percepción de influencia política, por la forma de elección parlamentaria de sus vocales. Esta percepción se vuelve especialmente dañina cuando el Consejo debe posicionarse ante presiones sobre jueces que llevan asuntos con un impacto político evidente. La cuestión a tener en cuenta no es sólo Beatriz Biedma, ya que se trata del mensaje que recibe toda la carrera judicial respecto a la indefensión que sufren a veces desde la política.

Cuando un juez es objeto de presiones o ataques por sus decisiones, su independencia debería estar respaldada institucionalmente. Sin embargo, el CGPJ ha optado por no emitir un comunicado público de apoyo a una juez, inmersa en un acoso insoportable desde el lado político y ante una serie de actuaciones desde una cloaca cercana a un partido político, que ha pretendido ensuciar su vida personal e incluso ha mostrado intenciones de eliminarla.

Esa ausencia del CGPJ, que algunos interpretan como neutralidad y que es considerada por otros como una desprotección e incluso abandono cuando el caso tiene una dimensión política, es en realidad una actitud derivada del condicionamiento político de los miembros del CGPJ, porque la realidad nos dice que no se trata de blindar a los jueces frente a la crítica, sino que lo que se debe evitar es que esa crítica degenere en una presión personal o institucional, lo que da un papel esencial al Consejo, puesto que la independencia judicial no es en sí misma un privilegio corporativo sino que es un derecho de los ciudadanos para que puedan confiar en las decisiones judiciales sin que estas estén condicionadas por partidos, gobiernos o presiones externas. Por esta razón, el silencio institucional, si no se explica, puede ser interpretado como desinterés o como un cálculo político.

En este contexto de desconfianza hacia las instituciones, ese vacío resulta demasiado caro, ya que, si el Consejo no asume su papel claro en defensa del principio de independencia, genera una sensación de desamparo entre los propios jueces, lo que deja sin credibilidad el principio de confianza pública en la Justicia. Esta es, en realidad, una prueba decisiva para el Consejo, ya que o protege la independencia con hechos o conseguirá que siga creciendo la duda sobre su capacidad para actuar con rigor cuando el poder político le mire de cerca. Por ello, la independencia judicial debe ser protegida de forma visible, clara y coherente.

No se trata de un conflicto personal, sino de ejercer y ejecutar lo que es una garantía esencial para los ciudadanos.

En el caso de la juez Biedma, se pone de relieve una tensión latente desde hace tiempo: la necesidad de distinguir entre el control legítimo de la función jurisdiccional, que se ejerce con recursos y cauces procesales, y la presión extrajudicial que pretende deslegitimar al juez como persona.

Confundir ambas dimensiones erosiona la confianza, convirtiendo cada decisión controvertida en un campo de batalla. En esta circunstancia, el papel del Consejo no es el de intervenir en el debate partidista, sino el de recordar con claridad que las discrepancias se dirimen con argumentos jurídicos, sin descalificaciones ni mediante el uso de campañas de señalamiento.

Si el CGPJ cree que no debe pronunciarse en un caso concreto, debe explicar por qué, para evitar que el vacío que genera se sustituya por interpretaciones interesadas.

La fortaleza institucional se demuestra con transparencia, especialmente para que la defensa de la independencia no parezca un privilegio corporativo, sino la garantía de que cualquier ciudadano será juzgado por la ley y no por el ruido político que pueda generar el caso.

Esta institución necesita recuperar credibilidad, lo que introduce una posible solución al problema del origen de la designación política de sus miembros, de cara a la independencia judicial, aportando una dimensión de reforma institucional al análisis.