Óscar López y Montse Mínguez rematan a Sánchez: desahucios y fondos buitre que tumban el relato de la vivienda

El relato de la vivienda con el que Pedro Sánchez ha pretendido resucitar su campaña tras el rechazo de sus decretos y la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre se desmorona en manos de dos de sus figuras más visibles. El caso de Maricarmen, la anciana de 87 años desalojada en septiembre de un piso del Retiro en el que vivía desde 1956 y fallecida poco después, se convirtió en el símbolo perfecto para denunciar a los “fondos buitre” y señalar a Ayuso. Óscar López, ministro y secretario general del PSOE de Madrid, lo calificó de “intolerable” y lo atribuyó al “gobierno neoliberal” que “apoya a los fondos buitre”.

Ese mismo López ha ordenado el desahucio de un inquilino de Muface que vive justo enfrente, en la misma calle Alcalde Sainz de Baranda. Según ha revelado Artículo14, el hijo de la arrendataria original —contrato de 1988— pidió subrogarse tras la muerte de su madre, a la que cuidaba. Muface le concedió una prórroga temporal hasta febrero de 2026.

El recurso de alzada fue desestimado en enero en una resolución firmada por el propio ministro: el contrato no es perpetuo y la subrogación no permite prolongarlo indefinidamente. El inquilino, de mediana edad y con una renta de algo más de 600 euros por un piso de 90 metros, debe abandonar la vivienda. El Gobierno que promete impedir desahucios los ejecuta desde la Función Pública a escasos metros del símbolo que utiliza para azuzar la indignación.

El golpe de gracia lo da Montse Mínguez, portavoz del PSOE y defensora a ultranza de la ofensiva contra la “especulación”. Su pareja, Sergi Vélez, dirige Nest Capital Homes, un holding con al menos treinta viviendas en alquiler, inversiones inmobiliarias de más de seis millones y activos que superan los ocho. La empresa ha promovido varios desahucios por impago —hasta tres simultáneos— y, según El Debate, lleva cinco años sin pagar Impuesto de Sociedades, habiendo facturado millones desde que Sánchez llegó al poder. Mínguez la defiende como “empresa familiar” que “cumple la ley” y zanja: “Si hay un inquilino que no paga, se le desahucia”. López, por su parte, pide no “señalar” a quien realiza una “actividad lícita”.

Mientras el Ejecutivo convierte a Urbagestión —propietaria de un solo piso— en “pyme carroñera”, sus dirigentes conviven con grandes tenedores, desahucian inquilinos de vivienda pública y relativizan los lanzamientos cuando les tocan de cerca. El relato de la vivienda no lo tumba la oposición: lo rematan ellos mismos.