La reconstrucción de España alternativa a la autocracia de Sánchez

Este próximo lunes, el presidente del PP va a presentar ante la sociedad española un manifiesto para "La reconstrucción de España" como alternativa, dada la forma de gobierno de Pedro Sánchez, eminentemente basada en la autocracia.

España necesita un nuevo pacto de regeneración democrática que devuelva la independencia a las instituciones, garantice la separación de poderes, fortalezca la representación ciudadana, combata la corrupción y permita la recuperación de la confianza en la política, puesto que, en unas elecciones, no se trata de sustituir a unos dirigentes por otros, sino de cambiar las reglas que han permitido que el poder político acumule una influencia excesiva sobre las instituciones del Estado.

La reconstrucción institucional, política y económica de España exige abordar una cuestión fundamental: cómo garantizar que las instituciones del Estado sirvan al conjunto de los ciudadanos sin que se conviertan en instrumentos al servicio de los partidos políticos que ocupen temporalmente el poder.

Una democracia no se mide por la celebración periódica de elecciones, sino que la independencia de sus jueces, la capacidad del Parlamento para controlar al Gobierno, la neutralidad de los organismos reguladores, la transparencia en las administraciones públicas y la posibilidad de que los ciudadanos exijan responsabilidades a sus representantes son decisivas.

El problema aparece cuando las instituciones pierden autonomía, cuando los mecanismos de control se debilitan y cuando los intereses partidistas condicionan decisiones que deberían adoptarse atendiendo al interés general.

La respuesta no debe consistir en una revancha política ni en una purga de quienes han desempeñado responsabilidades, sino que debe centrarse en establecer garantías jurídicas que impidan que cualquier Gobierno pueda utilizar las instituciones como una prolongación de su poder.

Ante las actuales circunstancias, España necesita un programa de regeneración que combine reformas constitucionales, modificaciones legales, nuevas reglas de nombramiento, una mayor transparencia y una cultura política basada en la responsabilidad, teniendo como objetivo que las instituciones sean más fuertes que quienes las dirigen.

Un aspecto vital de esta reconstrucción debe forjarse en la independencia judicial, siendo esta uno de los pilares fundamentales de todo Estado democrático. Sin esta independencia, la igualdad de los ciudadanos ante la ley puede quedar comprometida y la justicia, deteriorada.

El CGPJ ocupa una posición central en este debate, puesto que el artículo 122 de la Constitución establece su composición y remite a la ley orgánica la regulación de su estatuto y funcionamiento. En la actualidad, los veinte vocales son nombrados formalmente por el Rey, pero su elección corresponde a las Cortes Generales mediante las mayorías parlamentarias previstas legalmente.

Este sistema convierte a los partidos en un elemento decisivo para la renovación del Consejo, lo que hace que la designación parlamentaria no implique que los vocales pierdan independencia, pero alimenta la percepción de que, en determinadas decisiones, algunos vocales estén condicionados por los equilibrios políticos. La solución exige estudiar una reforma que refuerce la elección de los vocales de representación judicial sin convertir al Consejo en una corporación cerrada sobre sí misma.

Otro de los elementos necesarios de la reconstrucción sería el Tribunal Constitucional, ya que, siendo el intérprete supremo de la Constitución, tiene la responsabilidad de resolver situaciones que afectan al equilibrio del Estado, a sus poderes y a los derechos fundamentales.

Su composición y su sistema de nombramiento, regulados por el artículo 159 de la Constitución, pretenden legitimar la legalidad democrática desde la pluralidad institucional y la competencia jurídica, pero la intervención de los órganos de naturaleza política en la designación de sus miembros puede alimentar serias dudas sobre su independencia.

Por otro lado, el Parlamento debe ser el principal instrumento de representación de los ciudadanos y del ejercicio del control del Gobierno, pero, cuando la disciplina de partido domina la actividad parlamentaria, el control puede quedar debilitado, confundiendo el papel de los parlamentarios como representantes de los partidos políticos en vez de serlo de los ciudadanos.

La reconstrucción requiere fortalecer la capacidad de las Cortes Generales para examinar con transparencia la gestión del Ejecutivo, estableciendo mecanismos que garanticen el acceso a la información pública, la comparecencia de los responsables gubernamentales y el seguimiento de los órganos fiscalizadores.

Las comisiones de investigación deben contar con medios suficientes y plazos razonables, evitando que sus trabajos sean meros instrumentos de confrontación política.

Por otra parte, es necesario evaluar desde la mejora, sin considerar una ley como satisfactoria por el hecho de ser aprobada por mayoría parlamentaria, siendo imprescindible que se cumplan los objetivos de la misma, cuánto cuesta y, sobre todo, a quién beneficia una vez aprobada.

La corrupción es uno de los factores que más deterioran la confianza en las instituciones, no debiéndose tratar únicamente de la recuperación del dinero que desaparece, sino de tener en cuenta que la corrupción es una circunstancia que genera competencia desleal, distorsiona la contratación pública y transmite la impresión de la desigualdad de las reglas para todos.

La lucha contra la corrupción debe basarse en la prevención, detección, investigación y aplicación efectiva de las responsabilidades que correspondan, con la garantía de que los afectados, a pesar del derecho a la defensa, deben dejar sus cargos al servicio del Parlamento.

Es imprescindible mejorar la coordinación de los órganos de contratación, las unidades especializadas en investigación financiera y las instituciones judiciales, desde el respeto a su independencia y a las competencias de cada una. Los contratos públicos deben publicarse con información suficiente sobre los adjudicatarios, modificaciones, subcontrataciones y su ejecución.

Deberían reforzarse las garantías de protección de los denunciantes para evitar represalias, junto con la necesidad de que las declaraciones de intereses de los altos cargos permitan identificar incompatibilidades y conflictos, dando lugar también a que las puertas giratorias entre la Administración y las empresas privadas tengan controles efectivos y controles de incompatibilidad.

Quizás la revisión del sistema electoral sea una de las partes importantes de la reconstrucción, aunque haya permitido consolidar una democracia parlamentaria, pues presenta problemas que afectan a la representación territorial, las diferencias entre circunscripciones, así como a la influencia de los partidos en la selección de candidatos.

Por esto, sería planteable una reforma desde tres objetivos: mayor igualdad en el valor del voto, responsabilidad individual de los representantes y una gobernabilidad compatible con el pluralismo político.

Debería estudiarse la modificación de determinados aspectos del sistema de listas, el fortalecimiento de la democracia interna en los partidos, introduciendo mecanismos que den lugar a la participación directa de los ciudadanos en la elección de sus representantes.

Finalmente, cabe decir que las organizaciones políticas necesitan controles financieros eficaces, con auditorías rigurosas y mecanismos que detecten irregularidades, estando abierta su financiación siempre a la rendición de cuentas desde su transparencia.

¿Nos dirá algo de esto y de otras cosas el señor Feijóo en su manifiesto? Debe demostrar que su opción es una alternativa a Sánchez; sus palabras, un compromiso con la sociedad, y su ejemplo, una rápida aplicación de sus promesas desde que llegue al poder.

¿Objetivo? Reconstruir España ante la autocracia de Sánchez.