El Constitucional de Sánchez recibe un correctivo del Supremo: harto de injerencias políticas

El Tribunal Supremo ha puesto este martes punto final a una parte esencial del procés al declarar extinguida la responsabilidad criminal de Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva por el delito de malversación, en aplicación de la Ley de Amnistía. Lo ha hecho acatando la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Constitucional que concedió el amparo a Bassa. Pero lo ha hecho, sobre todo, con un auto que constituye un correctivo sin paliativos a la mayoría (mal llamada) progresista del TC presidida por Cándido Conde-Pumpido.

La Sala de lo Penal, con ponencia de Manuel Marchena, acusa al Constitucional de “invadir” sus funciones, de convertir el tribunal de garantías en una “última instancia con capacidad revisora de la interpretación de cualquier norma jurídica” y de desdibujar, con su “expansionismo”, el diseño constitucional de 1978. Los magistrados reprochan la “innecesaria grandilocuencia” de la sentencia del TC —redactada en un tono que califica de “drástica contradicción”, “interpretación impredecible” o distanciamiento del “sentido común” la lectura del Supremo— y afirman que esas expresiones no sirven sino para “adornar un razonamiento invasivo” y “camuflar la intensidad de la injerencia”. El Supremo recuerda, además, que el TC rompe con su propia jurisprudencia histórica, que limitaba el amparo a la protección de derechos fundamentales y le prohibía actuar como órgano casacional o revisor de la legalidad ordinaria.

No se trata de un episodio aislado. La mayoría progresista del Constitucional, alineada con los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez, ha ensanchado de forma reiterada sus competencias para facilitar la aplicación de la amnistía —el precio político de la investidura— y para tutelar otras iniciativas del Ejecutivo. El recurso de amparo impulsado por el Defensor del Pueblo contra la decisión del Supremo sobre el censo de la “ley de nietos”, que se debate esta semana, es otro ejemplo de la misma dinámica: presión institucional para condicionar decisiones electorales a semanas de los comicios del 29-N.

El Supremo, harto de estas injerencias, ha defendido el reparto de funciones que la Constitución atribuye a cada tribunal. Su auto no impugna la amnistía como ley; denuncia que el Constitucional, convertido en instrumento político al servicio de Pedro Sánchez, ha mutado el sistema de garantías. En una democracia, la independencia judicial no admite que un órgano de designación política dicte cómo deben interpretar la legalidad ordinaria los jueces del Supremo. El correctivo de este martes debería servir de aviso. Si no, el diseño de 1978 seguirá erosionándose en nombre de la conveniencia del momento.