¿Francia es un estado fallido?

La explosión de malestar social que sacude Francia debilita el macronismo y abre una oportunidad para la izquierda radical. Así, Mélenchon aspira a presentarse como el portavoz de una revuelta que puede acabar favoreciendo sus intereses personales. Francia atraviesa una crisis muy importante en la que no solo se pone a prueba la fortaleza del Gobierno, sino también su capacidad como democracia moderna occidental para mantener el orden, proteger las libertades y ser capaz de ofrecer respuesta a las peticiones de los ciudadanos.

Las movilizaciones del pasado fin de semana, con la excusa de las protestas estudiantiles, llevan consigo además la incorporación a las mismas de islamistas, inmigrantes y descontentos con la actual situación en la que vive la República. Hay que tener en cuenta la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades económicas, la presión sobre los servicios públicos y la sensación de que las instituciones no escuchan a una importante parte de la población.

Hay una frustración que ha venido manteniéndose e incrementándose en los últimos tiempos, a lo que se añade la debilidad política de un Macron con un bloqueo parlamentario y una gran incertidumbre política sobre el futuro del país.

¿Qué ocurre en estos momentos? Que Mélenchon ha encontrado en esta situación política una oportunidad de primer orden. El líder de La Francia Insumisa aspira a girar y transformar la indignación social en una fuerza electoral capaz de disputar la Presidencia de la República en el año 27. Su estrategia consiste en presentar una confrontación entre una ciudadanía abandonada y unas elites políticas incapaces de gobernar.

Su discurso conecta con una parte de la sociedad que se siente perjudicada por la situación económica y excluida de las decisiones políticas. Esa capacidad de analizar el descontento es una realidad que no puede ignorarse. Pero tampoco debe confundirse la representación de una protesta con la solución de los problemas que la originan.

Porque una cosa es denunciar los errores del Ejecutivo y otra muy distinta ofrecer una salida viable a la crisis. Una cosa es defender el derecho de manifestación y otra justificar, minimizar o tolerar la violencia de quienes aprovechan las concentraciones para saquear, destruir y enfrentarse a las fuerzas de seguridad.

Las movilizaciones francesas reúnen reivindicaciones muy diferentes. Hay trabajadores preocupados por sus salarios, jóvenes que temen por su futuro, agricultores que reclaman condiciones dignas y ciudadanos que desconfían de sus representantes. A eso hay que añadir inmigrantes no integrados que usan la violencia para intentar reducir el Estado a una mera comparsa.

La violencia no adquiere legitimidad por el hecho de que esté bajo una bandera ideológica determinada. La destrucción de los comercios, los ataques a la policía o la intimidación de quien no comparte una causa determinada no son expresiones de libertad: son, sin duda, agresiones a la convivencia democrática.

El Estado tiene la obligación absoluta de garantizar el derecho de manifestación, pero también, y sobre todo, de proteger a los ciudadanos frente a los actos violentos, cosa que no ha ocurrido en Francia. En la actualidad, la situación del Gobierno es de extrema debilidad. La Francia Insumisa y la extrema derecha intentan sacar tajada del momento actual.

La responsabilidad del Gobierno francés es evidente. No puede limitarse a responder con medidas policiales, pero tampoco ignorar las causas de una movilización de semejante magnitud. Hay que tener en cuenta los miles de inmigrantes manifestándose con durísima violencia. Esos no aspiran a una mejor educación ni a una mejor integración: están en contra del Estado francés.

Ciertamente, el Gobierno de Macron está cada vez más desgastado. El momento actual es quizás el más delicado que está viviendo Francia en las últimas décadas y, por ello, debe prestar la debida atención real, recuperar la calle, recuperar la seguridad que ha perdido y, sobre todo, la confianza de los ciudadanos, que ya no existe.

Francia necesita una política capaz de afrontar sus dificultades económicas, restaurar la confianza institucional y garantizar que las diferencias se resuelven dentro de las reglas democráticas. La violencia nunca puede ser justificante de nada. La política francesa se ha polarizado de modo sustancial entre Le Pen y Mélenchon. Por desgracia, la situación actual no invita al optimismo y, si sigue por este camino, veremos adónde nos conduce.