El Estado del autoritario Sánchez

Hasta el censo electoral deja Sánchez en entredicho. Cuesta encontrar una institución que haya escapado al desgaste de estos años. Allí donde los españoles deberían reconocer una autoridad independiente, terminamos discutiendo cuánto le debe su responsable al presidente del Gobierno. Ese es el daño. Y, ojo, permanecerá cuando Sánchez se haya marchado.

Ahí tenemos al pobre Gabilondo, reconvertido en Defensor del sanchismo. Acudió al Tribunal Constitucional para levantar las cautelas del Supremo sobre el voto de los nacionalizados por la llamada ley de nietos. Y esta vez ni Cándido. Conde-Pumpido se sumó a la mayoría que inadmitió el recurso por prematuro. Las prisas de Gabilondo se han llevado un sonoro portazo.

Lo preocupante supera este episodio. Una democracia se nutre de instituciones cuya palabra conserve valor gobierne quien gobierne. Con responsables capaces de incomodar a quienes los nombraron. Personas que entiendan que el cargo impone obligaciones superiores a la gratitud política. Cuando esa independencia quiebra, se deteriora la confianza de todos.

Con Sánchez miramos los nombramientos como una lista de lealtades. ¿De quién es este? ¿A quién responde? ¿Hasta dónde llegará para proteger al presidente? Preguntas mortales para un Estado. Los españoles tienen derecho a que sus instituciones los amparen sin tener que averiguar antes qué carné guarda el mandamás en el cajón.

Con este balance vamos a las urnas. Las instituciones pertenecen a quienes votan al Gobierno, a quienes quieren echarlo y a quienes prefieren quedarse en casa. Ningún presidente puede convertirlas en despachos de su partido.

Sánchez se va a ir. Sin duda. Pero queda el trabajo de devolver credibilidad a todo lo que ha quedado manchado de sospecha. Los cargos se cambian en una mañana. Devolver la confianza a los españoles va a costar bastante más.

A. M. BEAUMONT