La justicia, la última trinchera para salvar la democracia española

Ante las trampas de Pedro Sánchez, con su forma de gestión del poder, en donde está llevando a cabo una guerra entre el gobierno y el estado, la justicia española, se ha convertido en la última trinchera para salvaguardar la democracia, en unos momentos en los que unas elecciones generales pueden determinar el fin de ocho años de gobierno con tics autocráticos, que impidan que la limpieza democrática y la aplicación de la ley,interpretada desde la justicia, garanticen unos comicios con plenas garantías democráticas.

El Tribunal Supremo, exige al gobierno información sobre 163.020 afectados por la controversia de la ley de nietos; el juez Santiago Pedraz, reclama al PSOE documentación sobre sus contratos con abogados y consultoras; Anticorrupción examina las circunstancias de unas joyas vinculadas a José Luis Rodríguez Zapatero; la fiscalía, investiga posibles delitos contra Isabel Díaz Ayuso y Vox, se querella por los incidentes ocurridos en un acto electoral en la Plaza de María Pita en La Coruña.

Estos cinco frentes, aunque distintos, reabren un debate esencial sobre la transparencia, la responsabilidad de los gobernantes y la independencia de las instituciones. Las investigaciones, no equivalen a condenas, pero exigen respuestas claras al cumplimiento de la ley.

La democracia no consiste únicamente en celebrar elecciones. Necesita instituciones independientes, jueces que puedan investigar sin presiones, administraciones que cumplan las resoluciones judiciales y representantes públicos, que puedan ejercer sus derechos, sin amenazas y violencia.

España afronta en estos momentos, una sucesión de controversias que afectan al Gobierno, al PSOE, a antiguos responsables públicos y a representantes de la oposición. Aunque no hay elementos suficientes para afirmar que todos estos episodios formen parte de una operación coordinada, cada caso, plantea interrogantes que deben resolverse con transparencia, pruebas y desde las garantías jurídicas.

El artículo 9.1 de la Constitución, establece que ciudadanos y poderes públicos, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. El artículo 117, consagra la independencia judicial, mientras que el artículo 118, obliga al cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Estos principios no admiten excepciones por razones de conveniencia política, dado que gobernar implica ejercer el poder, pero a su vez, aceptar los controles que establece el Estado de Derecho

Uno de los asuntos de mayor trascendencia institucional, es el acceso al voto de los ciudadanos vinculados a la disposición adicional octava, de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Este 23 de Octubre, el Tribunal Supremo ha requerido al gobierno, en las personas de Félix Bolaños y Albares, que remita en un plazo de cinco días, la relación nominal de 163.020 personas, afectadas por la suspensión cautelar del voto, en este procedimiento. El Tribunal, ha advertido que el incumplimiento, podría dar lugar a multas coercitivas continuadas o a la imputación de aquellos que impidieran el acceso a dicha información. La dimensión de este asunto, obliga a actuar con rigor, ya que no se trata de dar por probado un fraude electoral, ya que el requerimiento judicial, no demuestra que exista, sino el aclarar una situación administrativa que afecta a un elevado número de ciudadanos, garantizando que las decisiones sobre sus derechos, se ajusten a la ley. En este sentido, el artículo 23 de la Constitución, reconoce el derecho a la participación política, quedando su ejercicio protegido, pero a la vez, sometido a las condiciones generales que regulan los procesos electorales. Eñl gobierno, tiene derecho a defender su interpretación jurídica, pero sin ignorar una resolución judicial por discrepancias políticas o administrativas.

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha reclamado al PSOE documentación sobre los abogados y despachos y consultoras contratadas desde 2021 a 2025, Esta petición, se enmarca en la investigación del caso Leire, en el que se examinan si determinados encargos profesionales, pudieran utilizarse, para canalizar pagos vinculados a las actividades investigadas. Esto hace relevante , porque afecta a la trazabilidad de los contratos y al destino de los fondos, sin que contratar abogados o consultoras, sea una irregularidad, aunque el juez debe determinar que información resulta necesaria y que documentación está amparada por las garantías legales, ya que cuando existen indicios que justifican una investigación, los requirimientos judiciales, deben atenderse conforme a derecho.

En el caso de Zapatero y las joyas, la Fiscalía Anticorrupción ha apuntado la posible existencia de un delito de malversación por la elevada cuantía de las joyas de Zapatero, examinando las circunstancias en las que fueron recibidas y si existía alguna obligación de incorporarlas al patrimonio del Estado.

En el caso de Isabel Díaz Ayuso, la Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias para investigar posibles delitos de odio, amenazas e injurias contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por cánticos, pintadas, pancartas, durante la acampada de la Puerta del Sol, expresiones en las que se deseaba la muerte de la política o mensajes, que incitaban a quemar su vivienda, junto con daños en el mobiliario urbano y elementos de valor histórico de la plaza. En democracia, aunque los ciudadanos tienen derecho a criticar a los gobernantes, la protesta no legitima las amenazas creíbles ni la incitación a la violencia.

Otro elemento significativo que evidencia la importancia de la justicia como última trinchera de la democracia, se contempla como consecuencia de los incidentes ocurridos en La Coruña, en un acto de Santiago Abascal, junto con episodios similares denunciados por Vox en Asturias y Menorca.

Vox anunció la presentación de una querella contra el delegado del gobierno en Galicia, atribuyéndole posibles responsabilidades, por la gestión de la coincidencia de su acto, enmarcado en la campaña electoral y el de una concentración contraria a la tercera fuerza política en España, generando un riesgo previsible que no se gestionó de manera adecuada, lo que podría dar lugar a que la inacción del delegado pueda constituir delito, desde la base de la constancia de que si las autoridades conocían el riesgo de altercados, que medios tenían a su disposición y si se adoptaron las medidas exigibles, puesto que ningún partido, puede quedar desprotegido por sus ideas, y ninguna protesta, puede convertirse en un instrumento para impedir por la fuerza, la actividad política de sus adversarios.

Todos estos episodios, nos remiten a la exigencia de que las instituciones actúen conforme a la ley y que las responsabilidades, se determinen sin privilegios.

Por esta razón, la Constitución, está por encima del poder y la justicia, será la última trinchera de la democracia, desde su independencia, lo que fortalece l confianza de una sociedad que día tras día está observando con inquietud, las trampas de Sánchez para continuar desde una gestión autocrática por encima de unas elecciones generales, en las que los ciudadanos tienen la última palabra.