El efecto contagio y el reto de la oposición para evitar violencia

La gravedad de los sucesos que han tenido lugar en Barcelona el pasado sábado, con un resultado de 128 detenidos, de los que 72 son menores de edad, que han provocado fuego en la calle y escenas de saqueo de comercios en el centro, tras una concentración juvenil en la Plaza Cataluña bajo el lema “Instituts Indignats”, hace que España contemple con inquietud la deriva violenta que se está produciendo en distintas zonas del país, coincidiendo con el inicio de la pre campaña electoral del próximo 29 N, en la que si hacemos caso a las encuestas, podría generarse un cambio político hacia el centro derecha, después de casi 8 años de una manera de gobierno, caracterizada por un gobierno que ha establecido muros de convivencia en la sociedad y ha gobernado de manera presidencialista y autocrática, dejando de lado incluso el hecho de la rendición de cuentas desde la verdad en las Cortes Generales, para sustituirlo por un relato lleno de mentiras y manipulación de la realidad.

Esta situación, nos debe hacer reflexionar respecto a las posibles influencias que Francia está viviendo en su seno desde hace tiempo y si la misma, puede tener un efecto contagio para España, en un momento tan decisivo como la campaña de las elecciones generales del 29 N.

En este sentido, aunque todavía faltan por llevarse a cabo investigaciones, las consignas inspiradas en Francia, están confirmadas, a pesar de que falta por esclarecer la organización concreta y los posibles vínculos, entre grupos de distintos países.

Con la campaña electoral en marcha, el riesgo es que cada protesta, se use como munición partidista, según se percibe en parte del debate público. La clave, está en observar si se repiten convocatorias con referencias francesas, si hay coordinación documentada y si aparecen incidentes violentos, con un patrón similar, teniendo en cuenta que puede existir una influencia simbólica a través de un ecosistema digital, que facilita la imitación. Ante esto, la respuesta institucional, debería ser firme ante la violencia, respetando el derecho de protesta, pero desde unos parámetros en los que entren las protecciones imprescindibles para el normal desarrollo de los actos políticos, sin coacciones ni amenazas hacia aquellos que pretenden pedir el voto a los ciudadanos. Precisamente este puede ser un elemento decisivo, teniendo en cuenta que 6 de los delegados del gobierno que ostentaban esta representación del Estado een las comunidades autónomas, han dimitido de sus cargos para concurrir como candidatos en las listas electorales, otros compatibilizan este cargo institucional con la secretaria general de un partido, lo que levanta polémicas por los sucesos producidos en La Coruña, Avilés, Menorca, así como por la apertura de investigaciones desde la fiscalía, por los insultos y amenazas que se han constatado en la acampada de la Puerta del Sol, hacia la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Francia, puede servir de inspiración a grupos españoles, como en el caso de Barcelona, en donde la propia convocatoria, adoptó una denominación vinculada a las movilizaciones estudiantiles, lo que puede dar lugar a que el verdadero riesgo de contagio, se centre en la imitación de métodos violentos, la difusión digital de consignas y la polarización electoral, se refuercen mutuamente, como elemento de retroalimentación, que inspire nuevas acciones, que impliquen elementos de provocación y respuesta.

La mejor defensa frente a una posible extensión de los disturbios, es la investigación con rigor, la exigencia de responsabilidades individuales, protegiendo el derecho de protesta, pero evitando que las consignas, sustituyan a las pruebas. Ante estas circunstancias, cabría preguntarse que deben hacer los partidos de la oposición para poder defender sus posiciones políticas, denunciar los intentos de instrumentalización de las protestas, evitando que la confrontación callejera, termine condicionando la campaña electoral. La única respuesta posible, exige combinar la firmeza democrática, la responsabilidad política, la prevención de la violencia y la defensa del derecho de manifestación. Los partidos de la oposición, deben fiscalizar ala gobierno, exigir explicaciones y denunciar conductas concretas, pero desde una responsabilidad institucional, deben fomentar y exigir que las elecciones, se desarrollen en un clima de libertad, seguridad y respeto entre ciudadanos con opiniones diferentes.

Para ello, la oposición debe pedir al gobierno que evalúen los riesgos de posibles incidentes en aquellos lugares en donde puedan existir enfrentamientos. Solicitar una información contrastada de los disturbios de Barcelona, respecto a la posibilidad de posibles conexiones entre grupos españoles y extranjeros, respetando el secreto de las investigaciones. También, deban solicitar protocolos de actuación ante las amenazas, de cara a que los candidatos y las formaciones políticas, puedan desarrollar su campaña, sin intimidaciones, para lo cuál, sería preciso establecer canales de comunicación con las autoridades.

A estas cuatro actuaciones y comportamientos que debe plantearse la oposición, hay que añadir como una máxima fundamental, el rechazo de la violencia venga de donde venga, aunque una prevención eficaz, no exige silencio político, sino que se puedan manifestar las discrepancias con medios democráticos.

Puede parecer mentira que a estas alturas del siglo XXI, estemos invocando elementos que en una democracia con casi cincuenta años de vida deberían ser lo normal, pero cuando se construyen muros desde el poder, se criminaliza a todo el que discrepe con el poder por el mero hecho de ser diferente y se gobierna con tics autocráticos, usando elementos del Estado en beneficio del poder, pasan estas cosas.