Feijóo y Abascal rematan a Sánchez con un pacto clave en el Senado: el ‘frente popular’ naufraga

El acuerdo alcanzado este lunes entre el PP y Vox para las listas al Senado no es un mero ajuste táctico para maximizar escaños. Es la respuesta de altura de miras que España necesitaba frente a la coalición del PSOE y el Frente Amplio, el llamado “Senado de Progreso”, una suerte de 'Frente Popular', diseñada para fragmentar el voto de centro-derecha y arrebatar el control de la Cámara Alta. Vox se retira de seis provincias (incluidas Valencia, Cádiz y las Canarias) para incorporar independientes en las papeletas del PP; el PP no concurre en Guipúzcoa, Gerona y Tarragona; y en otras catorce circunscripciones Vox presenta un solo candidato para concentrar el voto. El objetivo declarado es cortar el paso a la extrema izquierda y blindar una mayoría absoluta que el PP ya tenía, pero, sobre todo, aspirar a los tres quintos (alrededor de 160-161 escaños de un Senado de unos 266-267) que permiten renovar órganos constitucionales sin depender del PSOE.⁠

Ahí reside la verdadera trascendencia del pacto. Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos el presidente Cándido Conde-Pumpido y la también progresista María Luisa Balaguer, tienen el mandato caducado desde diciembre de 2025. Su designación corresponde al Senado por mayoría de tres quintos. Si PP y Vox alcanzan ese umbral, podrán jubilar a Pumpido y a otros tres miembros y proponer sustitutos sin negociar con el sanchismo. Si no lo logran, el PSOE conserva la capacidad de bloqueo y Sánchez mantiene el control del órgano que, en esta legislatura, se ha mostrado reiteradamente servil a los intereses del Gobierno: amnistía, leyes sociales polémicas y amparos a medida.⁠

Mantener a Conde-Pumpido al frente del TC equivale a conservar un seguro de vida judicial. Permitiría intentar revisar o modular sentencias condenatorias que afectan al entorno familiar y político del presidente (hermano, fiscal general, posibles procedimientos contra la esposa) o cualquier otro frente que se abra. El pacto de hoy persigue frustrar esa estrategia. Eso sí, muy importante: no se trata de que el PP y Vox “pongan a los suyos”, se trata de que el Senado elija magistrados independientes que apliquen el Derecho, no la consigna. España necesita regeneración institucional, no el turnismo que ha degradado la confianza ciudadana. El ‘frente popular’ ha naufragado ante la altura de miras de quienes priorizan el país sobre el cálculo partidario. Es una gran noticia para España, para el funcionamiento de nuestra democracia.