editorial
La UCO liquida a Sánchez a un mes de las elecciones: presunta financiación ilegal del PSOE
Pedro Sánchez, el martes en Oliva
A un mes de las elecciones generales, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha documentado la entrada en España de 300.000 euros procedentes de operaciones de petróleo venezolano que el empresario Víctor de Aldama vincula directamente con la financiación ilegal del PSOE. El dinero, transferido el 3 de enero de 2020 por Francisco Flores —financiero de confianza de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge— a través de la sociedad instrumental Apamate Corporate and Trust, llegó a las cuentas de Deluxe Fortune, empresa de Aldama, en el Banco de Caminos. La operación se disfrazó con un contrato ficticio de compraventa de sociedades por valor de unos 15 millones de euros que nunca se ejecutó.
Aldama sostiene que entregó la mayor parte de esos fondos en metálico a José Luis Ábalos en su residencia de El Viso, tras extracciones fraccionadas para no levantar sospechas. La investigación, secreta en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, rastrea ahora si ese dinero acabó en las arcas del partido. El contraste de datos entre el Tribunal de Cuentas y la contabilidad entregada por el PSOE bajo el mando de Pedro Sánchez ya ha revelado descuadres relevantes, facturas desaparecidas y recibos con conceptos literalmente «ininteligibles».
No se trata de un detalle contable menor. Es la constatación policial de un posible circuito de fondos venezolanos —ligados a PDVSA y a la propia visita de Delcy a España organizada por Aldama y Ábalos— hacia el partido que gobierna España. Que esto afloré a treinta días de las urnas no es casualidad: es el resultado de meses de pesquisa que el Ejecutivo no ha podido frenar. La opacidad en Ferraz, las donaciones opacas y el descontrol del efectivo no son ya meras sospechas periodísticas; están siendo acreditadas por la Policía Judicial.
Sánchez ha construido su relato sobre la regeneración y el control absoluto del PSOE. Los informes de la UCO lo desmienten con cifras, cuentas y transferencias. Los ciudadanos decidirán el 29 de noviembre si quieren un Gobierno cuya financiación está bajo lupa judicial por dinero venezolano o si prefieren exigir cuentas claras antes de depositar su voto. La democracia no puede funcionar con partidos que ocultan el origen de su dinero mientras piden confianza. La UCO acaba de poner el foco donde más duele: en el corazón del poder socialista.