Antes nos preocupaba llegar tarde; ahora, llegar vivos

Hace apenas unos meses escribía en otro medio que habíamos pasado de preguntarnos si el tren llegaría puntual a preguntarnos si nosotros llegaríamos vivos. Entonces la frase podía sonar exagerada. Tras el choque entre un AVE y un tren de Iryo cerca de Urda (Toledo), con al menos 74 personas fallecidas y decenas de heridos según las cifras oficiales provisionales, se ha convertido en una descripción literal de lo que sienten muchos españoles.

Este nuevo accidente no puede analizarse de forma aislada. Es la gota que colma un vaso que ya estaba lleno. Hace poco más de nueve meses, el 18 de enero, el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) le costó la vida a 46 personas y dejó cerca de trescientos heridos. Dos grandes catástrofes ferroviarias en menos de un año, con más de un centenar de víctimas mortales entre ambas, en un medio de transporte que considerábamos un orgullo nacional y un ejemplo de seguridad. Desde la psiquiatría sabemos que un trauma colectivo no se suma al anterior: se multiplica con él. El segundo golpe cae sobre una herida que no había cicatrizado.

Pero lo que más me preocupa como psiquiatra no es solo el accidente en sí, por terrible que sea, sino el clima en el que se produce y se gestiona. La salud mental de los españoles lleva tiempo deteriorándose, y no únicamente por factores individuales o biológicos. Vivimos en un estado de zozobra política permanente, con un debate público dominado por la confrontación, las incoherencias y las falacias, en el que cada acontecimiento, por doloroso que sea, se convierte de inmediato en munición partidista.

Lo hemos vuelto a ver en las horas siguientes al accidente. Las cifras de fallecidos variaron a lo largo del día. Se habló primero de un fallo técnico del sistema de seguridad y después de un posible error humano en el centro de control, sin que la investigación haya concluido. Desde el Ministerio se calificó lo ocurrido de «inverosímil» e «inexplicable». Al mismo tiempo, comenzaron las peticiones de dimisión, las querellas y las acusaciones cruzadas, y hubo quien denunció que se buscaba un chivo expiatorio. Mientras tanto, decenas de familias esperaban noticias de sus seres queridos.

El ciudadano asiste a todo ello con una mezcla de miedo, indignación y desconcierto. Y aquí está el núcleo del problema psicológico. El ser humano tolera mal la incertidumbre, pero tolera mucho peor la sensación de que quienes deberían ofrecerle respuestas claras están más ocupados en defenderse o en atacar al adversario que en explicar lo sucedido. Cuando los mensajes son contradictorios, cuando lo que se afirma un día se desmiente al siguiente, cuando la tragedia se interpreta en clave de bandos, la persona pierde sus puntos de referencia. Y sin puntos de referencia aparece la ansiedad.

No hablo en sentido figurado. En la consulta lo vemos a diario: preocupación anticipatoria, insomnio, irritabilidad, sensación de indefensión y desconfianza generalizada. Personas que han dejado de viajar en tren, que viven con angustia el desplazamiento de un familiar o que, sencillamente, sienten que «ya no se puede confiar en nada». No todas ellas padecen un trastorno mental, pero sí comparten un malestar que, mantenido en el tiempo, prepara el terreno para la ansiedad y la depresión. El elevado consumo de ansiolíticos y antidepresivos en nuestro país, sobre el que se viene advirtiendo desde hace años, no puede explicarse por una sola causa, pero tampoco puede desligarse del mundo en que vivimos.

La psiquiatría conoce bien el concepto de indefensión aprendida: cuando una persona comprueba una y otra vez que lo que ocurre a su alrededor no depende de ella y que nadie le ofrece una explicación coherente, termina por rendirse, por desconectarse o por vivir en un estado de alerta permanente. Algo parecido puede ocurrirle a una sociedad entera. Una sociedad que asiste a una sucesión de crisis, sin explicaciones convincentes y con un ruido político ensordecedor, corre el riesgo de instalarse en el desánimo, en el cinismo o en la crispación.

Los medios de comunicación siguen teniendo aquí una responsabilidad importante, y hay que reconocer que, en general, están informando con rigor y sin sensacionalismo. Pero la responsabilidad principal corresponde a quienes ejercen el poder y a quienes aspiran a ejercerlo. A unos y a otros hay que pedirles lo mismo: respeto a las víctimas, prudencia en las declaraciones, transparencia en la investigación y renuncia a utilizar el dolor ajeno como arma arrojadiza.

La confianza, insisto, no se recupera con palabras, sino con hechos. Necesitamos una investigación independiente y rigurosa, que se conozcan las causas sin interferencias, que se asuman las responsabilidades que correspondan y que se adopten las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. Y necesitamos, además, algo que no figura en ningún plan de infraestructuras: un debate público más sereno, más veraz y menos agresivo. Porque también eso es salud mental.

Cuando una sociedad pierde la confianza en su propia seguridad y, al mismo tiempo, deja de creer en la palabra de quienes la gobiernan y de quienes se oponen a ellos, no solo se deteriora su bienestar: se resiente su equilibrio psíquico. Antes nos preocupaba llegar tarde. Ahora nos preocupa llegar vivos. Y lo que es peor, empezamos a dudar de que alguien nos vaya a decir la verdad sobre por qué hay quien no llega.