opinión
El naufragio del deber y la tramoya del poder
Sánchez sacrifica a su peón estrella al ritmo de los sondeos mientras el país descubre que había más millones para los trenes de Marruecos que para evitar la ruina de los nuestros.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa, en la sede del Ministerio.
Hay silencios que exigen una profunda unción de respeto y hay discursos oficiales que constituyen, directamente, una agresión a la inteligencia colectiva. Cuando un país asume como rutina que su red de alta velocidad, esa misma que exhibió como orgullo técnico desde 1992 hasta alcanzar 3.900 kilómetros sobre un entramado general de más de 11.600 kilómetros gestionados por Adif, se convierta en un escenario de luto, es porque la quiebra institucional ha alcanzado las vigas maestras del Estado. Las catástrofes de Adamuz y Urda, con un insoportable balance de 115 muertos y cientos de familias rotas por el dolor, no son accidentes fortuitos del azar: son el veredicto implacable de una dejación de funciones donde el mantenimiento preventivo fue sustituido por la propaganda y la ingeniería cedió su sitio al marketing.
Frente a la magnitud del dolor y la perplejidad de los ciudadanos, la respuesta que emana de los despachos ha estado marcada por el más absoluto cinismo. La reciente dimisión de Óscar Puente, ejecutada con una puesta en escena perfectamente diseñada, no responde a un brote tardío de dignidad ni a un acto de contrición tras el horror acumulado en los raíles. Es puro teatro. Puente no se va: a Puente lo echan.
Sánchez le ha abierto la puerta de salida únicamente cuando la realidad de los sondeos para el próximo 29 de noviembre le ha demostrado que su ministro estrella se había convertido en un lastre electoral insostenible. Adamuz ya era motivo más que suficiente para haber exigido su cese fulminante hace meses, pero el presidente prefirió mantenerlo como ariete de trinchera hasta que el pánico a las urnas ha forzado el sacrificio. Una vez más, el Sanchismo acciona el resorte de la tramoya: sacrificar al peón para blindar al rey.
No nos engañemos: el verdadero responsable de este descalabro habita en la cúspide del Ejecutivo. Fue Pedro Sánchez quien colocó a Puente al frente de Transportes, quien lo sostuvo contra viento y marea tras la tragedia y quien ahora lo aparta sin asumir una sola cuota de responsabilidad propia. La degradación no reside solo en la gestión, sino en la perversión de las prioridades.
Resulta escandaloso comprobar cómo, mientras la infraestructura nacional languidece sin presupuesto para renovar materiales defectuosos ni atender los avisos por escrito de los propios técnicos de Adif, su Sanchidad no dudó en movilizar más de 750 millones de euros de dinero público para financiar y renovar la red de trenes en Marruecos. Financiar el desarrollo ferroviario en el extranjero mientras en España las vías se cobran vidas humanas y los ministros dimiten al compás de las encuestas es una amoralidad que vulnera el principio elemental del deber público.
Exigir una auditoría técnica independiente, la depuración caiga quien caiga y la reconstrucción inmediata del rigor en nuestras infraestructuras no es un matiz partidista; es un mandato democrático imperativo. Seguir parapetándose tras dimisiones de diseño, repartir culpa a la desesperada y convertir la gestión sanchista en una operación de imagen es la plasmación definitiva de un poder en descomposición.
Cuando la política abandona la honradez y la tutela de sus ciudadanos para dedicarse en exclusiva a la estrategia de supervivencia, la arquitectura de la nación queda expuesta al naufragio del deber y la tramoya del poder.