Sánchez suelta a los presos de ETA; Feijóo propone una ley de nietos para los exiliados vascos

Mientras Pedro Sánchez y sus socios de Bildu consolidan una política penitenciaria que acelera la salida de etarras condenados por delitos de sangre, Alberto Núñez Feijóo propone una reforma electoral para devolver el derecho al voto a quienes fueron expulsados del País Vasco y Navarra por el terrorismo. El contraste no puede ser más nítido ni más revelador de las dos Españas que se disputan el 29-N.
Desde 2018, el número de presos de ETA se ha reducido de forma drástica. Tras el traspaso de las competencias penitenciarias al Gobierno vasco en 2021, se han multiplicado los terceros grados, las aplicaciones del artículo 100.2 y los acercamientos. Más de la mitad de los internos que quedan disfrutan ya de algún régimen que facilita su salida. Las excarcelaciones de 2025 —incluido el caso de Asier Carrera, condenado por el asesinato de Fernando Buesa y su escolta— se suman a las reducciones de pena por cómputo de condenas cumplidas en Francia. Otegi lo planteó con claridad: el apoyo a Sánchez se condicionaba a “llevar a los presos a casa”. El Ejecutivo ha cumplido.
Frente a esa política de concesiones, Feijóo anuncia la medida 132 de su programa: una “ley de nietos vasca” que reforme la legislación electoral para que quienes abandonaron Euskadi y Navarra por la violencia etarra puedan votar de nuevo en sus municipios de origen. La denominación no es casual. Mientras la Ley de Memoria Democrática nacionaliza a descendientes de exiliados del franquismo, el PP propone reparar a las víctimas de un terrorismo que alteró el censo y expulsó a miles de constitucionalistas. Estimaciones sitúan esa diáspora interna en torno a 180.000-200.000 personas.
El anuncio en Pamplona —donde el PSOE gobierna con Bildu— y en plena campaña marcada por agresiones al PP en Guipúzcoa subraya la intención. No se trata de fabricar votantes, sino de restituir un derecho político arrebatado por la amenaza. Sánchez ha pactado con quienes justificaron o relativizaron el terror; Feijóo propone devolver la voz a quienes lo sufrieron. La diferencia entre ambas propuestas define el debate sobre la memoria, la justicia y la convivencia que España se jugará el 29 de noviembre.