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La regeneración democrática y la confianza ciudadana, eje del futuro de España

El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el presidente del PP y candidato, Alberto Núñez Feijóo, antes de su cara a cara

El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el presidente del PP y candidato, Alberto Núñez Feijóo, antes de su cara a caraEDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

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La dependencia de los pactos parlamentarios, la concentración de poder, los escándalos de corrupción y el deterioro de la confianza institucional, obligan a recuperar el espíritu de la Constitución de 1978.

La democracia, no puede convertirse en un instrumento al servicio de los que gobiernan, debe proteger a los ciudadanos, garantizar la igualdad ante la ley y asegurar que ningún dirigente, esté por encima de los controles del Estado.

España se enfrenta a un debate que trasciende la habitual confrontación entre partidos. A pocos días de la cita electoral del 29 de noviembre, la cuestión de fondo es qué modelo de democracia queremos y qué garantías deben proteger a los ciudadanos, frente al ejercicio del poder.

La Constitución de 1978, no fue concebida para blindar a los gobernantes, sino para establecer límites a su autoridad. Su artículo 1 proclama que la soberanía nacional, reside en el pueblo español; el artículo 9 somete a los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; el 66 atribuye al Parlamento la representación de los ciudadanos y el control del Gobierno y el 117, garantiza la independencia judicial.

Son principios esenciales. Ganar unas elecciones o conseguir una investidura otorga legitimidad para gobernar, pero no concede un poder ilimitado. Una mayoría parlamentaria, no puede convertirse en una autorización para debilitar los contrapesos institucionales ni para confundir los intereses de un partido con los intereses generales.

La democracia no consiste sólo en votar, también en garantizar que quien gana, no pueda alterar a su conveniencia las reglas que protegen a todos.

La investidura de Pedro Sánchez, el 16 de Noviembre de 2023, salió adelante con 179 votos a favor y 171 en contra. Los siete diputados de Junts y los seis de Bildu, formaron parte de la mayoría que permitió al candidato continuar en la Moncloa, lo que resulta imprescindible para comprender la arquitectura política de la legislatura.

El acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts el 9 de noviembre de 2023, abrió una etapa de profundas controversias. La posterior aprobación de la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía, situó en el centro del debate, la igualdad ante la ley, la reconciliación política y los límites constitucionales de una decisión legislativa.

También la Ley Orgánica 14/2022, que derogó el delito de sedición y que modificó otros preceptos del Código Penal, provocó una intensa discusión sobre las consecuencias de adaptar la legislación penal a un contexto de negociación política.

En el caso de Bildu, su condición de formación legal y su participación parlamentaria, no eliminan el debate político y moral de su trayectoria y pertenencia al espacio de la izquierda abertzale vasca.

La memoria de las víctimas de ETA, exige reconocimiento, respeto y una condena inequívoca del terrorismo, sin que ninguna negociación política, deje de lado esa exigencia, puesto que se plantea un problema que aparece cuando la necesidad de conservar una mayoría, condiciona decisiones que afectan a los principios fundamentales y sin que los ciudadanos, reciben las necesarias explicaciones sobre sus consecuencias.

La crítica al Sanchismo se concentra en que si la continuidad del presidente, se ha convertido en el criterio que ordena buena parte de las decisiones políticas. No se puede presentar una valoración partidista como si fuera una sentencia judicial. Se debe examinar los acuerdos, las reformas y las concesiones, que han permitido sostener al ejecutivo y cuestionar si responden aa una estrategia de Estado o a una mera aritmética parlamentaria de supervivencia.

Aunque un gobierno necesita estabilidad, esta no puede ser objeto de la acción política. España necesita instituciones que funcionen, políticas públicas evaluables y decisiones que puedan explicarse ante el conjunto de los ciudadanos y no unicamente ante los partidos que sostienen al ejecutivo.

Cuando el parlamento pierde capacidad de control, cuando los acuerdos se negocian sin suficiente transparencia o cuando las instituciones son percibidas como prolongaciones de la disputa partidista, la confianza pública queda resentida, dado que la legitimidad electoral no elimina la obligación de rendir cuentas, sino que la refuerza.

La corrupción, se convierte en una de las pruebas más duras de una democracia. No pertenece en exclusiva a un formación política y no puede combatirse con dobles varas de medir, puesto que investigar al adversario y justificar al propio partido, no es regeneración sino sectarismo.

La situación del caso Koldo ha adquirido una especial gravedad. El Tribunal Supremo condenó en junio de 2026 al ex ministro José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama con delitos relacionados con las adjudicaciones de contratos de mascarillas durante la pandemia. La sentencia, estableció penas de prisión y consideró probados hechos relativos a la adjudicación de suministros públicos, reclamándose desde el Supremo, el pago de cantidades derivadas de la condena. La dimensión del caso, no termina ahí, ya que el 5 de noviembre de 2026, la UCO, registró el domicilio de Ábalos, con actuaciones en distintas ciudades. Al día siguiente, la fiscalía solicitó el procesamiento de los implicados, en una rama distinta de la causa que examina la Audiencia Nacional.

La responsabilidad penal, corresponde determinarla a los tribunales, mientras que la responsabilidad política, exige explicaciones, transparencia, con capacidad para asumir consecuencias. No es necesario esperar a una condena, para reclamar que un gobierno aclare que controles fallaron, quién tomó las decisiones y que medidas se adoptaron para impedir que los hechos, se repitan.

La Comisión Europea, en su informe sobre el Estado de Derecho de 2026, vuelve a situar la lucha contra la corrupción, la independencia judicial, el pluralismo informativo y los controles institucionales, entre los criterios fundamentales para evaluar la calidad de la democracia.

El CGPJ, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y los organismos reguladores, deben actuar con autonomía y credibilidad, no haciendo que su función se reduzca a formar parte de un reparto de influencia entra las organizaciones políticas. La renovación de los órganos constitucionales es necesaria pero sin confundirse con su colonización. La separación de poderes, no es un obstáculo para gobernar, sino la garantía de que nadie gobierna sin límites.

Ante estas circunstancias que se vienen produciendo durante los 8 años de mandato de Pedro Sánchez, la regeneración democrática, debe traducirse en reformas concretas, no en declaraciones solemnes, en las que se refuerce la independencia de las instituciones, mejorar el control sobre la contratación pública, prevenir los conflictos de intereses, proteger a quienes denuncian irregularidades, garantizando la transparencia en el uso del dinero público.

La regeneración no debe consistir en sustituir a un gobernante por otro, manteniendo intactas las prácticas que han roto la confianza ciudadana, sino cambiar las reglas para que ningún gobierno, pueda repetir esos errores.

España necesita recuperar una idea fundamental: el poder político es temporal y las instituciones,deben estar al servicio permanente de la sociedad, pero lo que debe permanecer en UN Estado de Derecho, es la capacidad de mantener la libertad, la igualdad, la justicia y el control efectivo de quienes gobiernan, investigándose la corrupción sin excepciones y con unos pactos que deben ser transparentes, sobre los que el Parlamento debe ejercer su función y hacer que en el mismo, los responsables públicos, rindan cuentas.

Quién gobierna, debe recordar siempre que el poder que se ejerce es en nombre de los ciudadanos, pero nunca, en beneficio de quién lo ocupa.

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