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Cómo y por qué Unidos Podemos discute la legitimidad de Felipe VI

El 18 de julio de 1936 no hay ya legalidad republicana. Y surge otro Estado, que con muchos cambios sí es el nuestro. Sin esa legitimidad se niega el orden actual y todo pasa a ser posible.

Hace 80 años desapareció la República. El Estado creado por los alzados es el de Juan Carlos I y Felipe VI. La mal llamada memoria es un peligro para la paz.

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Juan Carlos de Borbón y Borbón, tan confuso en tantos aspectos de su vida, ha sido algunas veces claro y tajante. Una de ellas, en 1969, fue cuando asumió su nombramiento, por Francisco Franco, como sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey: "Quiero expresar, en primer lugar, que recibo de su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936 en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino".

Uno puede pensar que era un sacrificio necesario, un "mal menor" o un "voto útil" como se dice ahora, una mentirijilla pública de alguien que pensase ya entonces en convertir aquello en una democracia. No estoy tan seguro de eso. Opinión jurídica común entonces y ahora es que los Principios del Movimiento Nacional formulados en la Ley de 17 de mayo de 1958, aunque nada revolucionarios y menos totalitarios, eran el mínimo común de las fuerzas alzadas en 1936, y a la vez la razón de ser del Estado nuevo creado. Por eso, nada legislado contra la letra y el espíritu de aquellos principios podría haber sido legítimo, ni legal excepto formalmente, en aquel marco jurídico. Y por lo mismo, ya que hasta Sánchez Agesta creía que eran principios "permanentes e inalterables", todo lo hecho tomando como base aquellos pasos desde 1976 sería si no nulo sí ciertamente ilegítimo. Un círculo vicioso en el que don Juan Carlos sabía perfectamente que entraba.

Desaparecidas en España la legalidad y la legitimidad bajo el Frente Popular, con el paso irreversible del asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio y el inicio del Alzamiento en África el 17 de julio, España quedó sin Estado. Dos Españas enfrentadas en guerra, sí, pero una con todo el aparato del Estado en sus manos –y destruyéndolo ella misma desde el principio en la locura revolucionaria de extrema izquierda- y la otra con poco más que unos voluntarios, unos soldados y una masa conservadora aterrorizada –y construyendo un Estado nuevo.

Fueron años de construcción sobre bases nuevas del Estado. Fue el tiempo del “Estado campamental”, en palabras de Ramón Serrano Súñer; en el mismo julio de 1936, los militares montaron una Junta de Defensa Nacional, que asumió, por sí y ante sí, todos los poderes del Estado; con efectos de 1 de octubre de 1936, todos esos poderes, surgidos del Alzamiento, recayeron en Francisco Franco, a instancias principalmente del políticamente más capaz de los generales alzados, Emilio Mola; después la Junta Técnica del Estado, como el primer Gobierno de 1938, y las sucesivas Leyes Fundamentales, auténtica Constitución a partir del Fuero del Trabajo de 1938, derivaron de aquella legitimidad. También la monarquía –instaurada, y no restaurada-, y también la Ley para la Reforma Política de 1976, y por ende todo el Estado actual.

Por eso ni fue inocente la "memoria histórica" impuesta y falseada por la izquierda zapaterista, ni es inocente el republicanismo de IU y de Podemos. Si se niega de raíz la legitimidad del 18 de julio de 1936, se niega cualquier legitimidad a la actual Jefatura del Estado y al Estado mismo. Si se olvida qué sucedía hace 80 años, y se da por cierto que la única legitimidad era la del agonizante Estado republicano, no sólo se cierran los ojos a la verdad histórica, sino que se corre el riesgo de repetir algunas de sus peores partes. Con ningún beneficio por cierto para el centro pacato, sean cuales sean sus éxitos económicos, ni para la Casa de Borbón, sean cuales sean sus virtudes progresistas. Demasiado riesgo y demasiada falsedad para nada.

Pascual Tamburri

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