Nicaragua; el trasfondo económico de una tragedia

Las revueltas populares, como se decía antes de las peleas en los bares, se saben como empiezan, pero no como terminan. Así, cuando hace poco más de tres meses la primera manifestación de Managua contra una reforma de la Seguridad Social en Nicaragua no creo que nadie pudiera llegar a pensar que tras tres meses de protesta y más de 300 muertos el régimen impuesto por el sandinista Daniel Ortega pudiera estar en la cuerda floja.

Pero echemos la vista atrás, y retrotraigámonos al pasado 18 de abril del 2018. El gobierno sandinista acababa de anunciar un decreto por el que se aumentaban las contribuciones de trabajadores y empresarios, al tiempo que se imponía una retención del 5% en el pago de las pensiones, lo que hace que los estudiantes y empresarios convoquen una primera manifestación de protesta.

La economía de Nicaragua había sido sostenida por los gobiernos bolivarianos. Obtuvo una moratoria de 25 años para pagar el petróleo

Daniel Ortega deja claro que no va a permitir el mínimo atisbo de protesta, y violentos grupos pertenecientes a las Juventudes Sandinistas apoyados por grupos paramilitares agredían y acosaban a los manifestantes ante la pasividad de las fuerzas del orden, resultando 8 personas heridas.

El gobierno había puesto las cartas sobre la mesa; contra las protestas habría una represión al mejor estilo venezolano. Pero lejos de amilanarse, la oposición convoca protestas a lo largo de todo el país, y los estudiantes toman las universidades las cuales a partir de ahora pasarán a ser el símbolo de la resistencia. Se suceden los primeros muertos y Ortega reacciona decretando el cierre de las dos cadenas de televisión independientes.

Pero las protestas continúan y francotiradores comienzan a disparar a los manifestantes. Los muertos se suceden y el descontento es cada vez mayor. Ya no se pide la retirada del decreto, sino que quieren La cabeza política de Daniel y su esposa. El gobierno empieza a entrar en pánico, y tras 30 muertos y una semana de protestas, se anuncia la retirada de la polémica ley de la Seguridad Social. Da igual, no hay marcha atrás.

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Las protestas continúan y Ortega ordena el despliegue del ejército. Los campesinos se unen a la protesta, el representante en América Latina de Human Rights Watch exige el fin de la represión, así como la Iglesia Católica y multitud de organizaciones internacionales. La patronal se une a los estudiantes y exige la renuncia de Ortega y su gobierno.

Incluso el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad, declara que sería conveniente la creación de una investigación internacional para esclarecer las muertes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta 273 muertes mientras que el gobierno, solo reconoce 53 víctimas mortales. Incluso en uno de los bastiones históricos del Sandinismo como Monimbó, una comunidad de origen indígena de Masaya, se suceden los enfrentamientos con el ejército.

La asfixia

¿Pero todo esto porqué? Y es que la reforma de la Seguridad Social solo fue un detonante de un descontento que se ha ido incubando en los últimos años en la sociedad nicaragüense. ¿Pero de donde viene este descontento? Se podría citar como motivos la corrupción rampante de los gobernantes sandinistas (en especial de Daniel Ortega y su familia), la asfixia producida por un régimen que socava cualquier muestra de descontento o protesta, el hastío y agotamiento de una forma de gobierno entroncada en el enfrentamiento civil… pero, fundamentalmente, en el cambio brutal que ha sufrido la economía del país.

Porque la economía de Nicaragua había sido sostenida artificialmente por los gobiernos bolivarianos de Venezuela. Hay que recordar que Nicaragua obtuvo una moratoria de 25 años para pagar la mitad de todo el petróleo importado desde Venezuela con una tasa de interés de solo el 2%, lo que hizo que solo durante el primer año del gobierno de Daniel Ortega se liberara de pagos por tres veces el valor de las exportaciones nicaragüenses.

Pero no solo eso, si no que Venezuela también le permitió a Nicaragua pagar el otro 50% del pago en especies, lo que dinamizó las exportaciones e hizo que no tuviera que destinar sus divisas al pago del petróleo. Así, el gobierno usaba el dinero proveniente del pago del combustible para comprar productos agrícolas y le mandaba esos productos en pago a Venezuela.

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Si a esto le sumamos el boom de las commodities, hizo que la tasa de crecimiento del país centroamericano rondara el 5% durante varios años, lo que contrasta con el resto de países centroamericanos que estaban sumidos en una profunda crisis económica. Un ejemplo; mientras en 2015 los países de la región tenían un crecimiento negativo de cerca de un 1%, Nicaragua crecía un 4%%... y Venezuela decrecía un 16%.

Obviamente esta situación era insostenible, incluso para un sátrapa como Maduro, y en 2016 Venezuela decide rescindir ese gravoso acuerdo económico. Maduro limitó el financiamiento a solo el 25% de las importaciones petroleras, y a su vez se redujo en dos tercios la cuota de 30.000 barriles diarios acordada con Chávez, lo que obligó a Nicaragua a adquirir petróleo a otros países a precio de mercado por primera vez en la última década. En la práctica, el suministro de petróleo venezolano se congeló.

Y sin petróleo, se acabaron los programas sociales, el bono solidario y esto de prebendas con las que el gobierno de Ortega compraba la paz social, creando una red clientelar basada en una ficticia bonanza económica. A eso hay que sumar que la hasta este momento sumisa clase empresarial del país centroamericano empieza a distanciarse de Daniel Ortega, alianza contra natura que se había sostenido por la “plata fácil” proveniente de Venezuela, al igual que los colectivos campesinos indígenas, principal apoyo histórico del sandinismo, que ven como sus productos agrícolas se quedan sin salida.

Falso bienestar

Difícil salida para Nicaragua que ha basado todo su crecimiento económico en las dádivas de un gobierno corrupto, manteniendo artificialmente unos gastos que no correspondían a los ingresos reales y que ha llevado a construir un falso estado del bienestar sostenido por una economía anticuada, poco eficiente y nada competitiva.