| 27 de Febrero de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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El ministro de Justicia conversa con el fiscal general del Estado durante un acto en Madrid
El ministro de Justicia conversa con el fiscal general del Estado durante un acto en Madrid

Los fiscales del Supremo torpedean el plan de Sánchez para salvar a Puigdemont

El presidente del Gobierno pensaba que los fiscales no se atreverían a desafiar de esta manera a su superior, el fiscal general del Estado. Pero ha habido “una rebelión” en toda regla.

| Benjamín López Opinión

La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, por 12 a 3, ve un presunto delito de terrorismo en las actuaciones del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dentro del caso Tsunami Democràtic. Avala así la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y deja en entredicho tanto al fiscal del caso, Álvaro Redondo, como al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pero, sobre todo, el que ha recibido un duro varapalo es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerebro de esta operación para salvar a Puigdemont.

La decisión de la Junta de Fiscales supone un varapalo tremendo para el Ejecutivo y de manera especial al presidente que tanto se expuso en su apreciación sobre una instrucción judicial en curso

Fuentes jurídicas muy conocedoras de lo que se cuece dentro del Tribunal Supremo aseguran a ESdiario que estamos ante “una rebelión en la fiscalía del Supremo” que “no tiene precedentes”. Las palabras de Pedro Sánchez desde Bruselas asegurando que “como todo el mundo sabe, el independentismo no es terrorismo”, causaron un enorme malestar entre los fiscales.

Esa afirmación, explican estas fuentes, denotaba la existencia de un enjuague del presidente del Gobierno con el fiscal general para asegurarse de que Puigdemont no se iba a ver envuelto en una causa de terrorismo que complica mucho la amnistía.

 

Sánchez estaba convencido de que García Ortiz impondría su criterio, que es el mismo que políticamente interesa al Gobierno. De hecho logró imponérselo al fiscal del caso, Álvaro Redondo, que con 72 horas de diferencia cambió de opinión. Pasó de emitir un informe en el que avalaba la imputación por terrorismo contra el prófugo Puigdemont a redactar otro en el que afirmaba exactamente lo contrario. Entre medias de ambos, una reunión con el fiscal general.

Con lo que no contaba Sánchez era con la “rebelión” sin precedentes en la Junta de Fiscales contra el fiscal del caso, el fiscal general y, en última instancia, él mismo. “Lo que ha ocurrido no es normal”, explican las mismas fuentes a ESdiario. “Normalmente, el fiscal ponente siempre pacta con el resto su posición para evitar que la Junta de Fiscales le desautorice y le deje en entredicho”, que es lo que ha sucedido ahora.

Sánchez estaba convencido de que el fiscal general García Ortiz impondría su criterio, que es el mismo que políticamente interesa al Gobierno

Un error de cálculo que deja en mal lugar también al propio presidente del Gobierno. Por mucho que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, califique lo ocurrido de “normalidad institucional y democrática absoluta”, lo cierto es que supone un varapalo tremendo para el Ejecutivo y de manera especial al presidente que tanto se expuso en su apreciación sobre una instrucción judicial en curso. De momento, la opinión muy mayoritaria de la Junta de Fiscales es que sí hubo un posible delito de terrorismo en Puigdemont.

Mirando al futuro: qué puede pasar

El asunto, no obstante, no queda zanjado aquí. Tiene aún un tortuoso recorrido por delante. Tras la decisión de la Junta de Fiscales, la última palabra de los fiscales sobre la imputación de Puigdemont la va a tener la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, considerada como la mano derecha del fiscal general y, en consecuencia, proclive a defender sus tesis.

 

En todo caso la imputación de Puigdemont por terrorismo no depende en última instancia de la fiscalía sino de la Sala de lo Penal del Supremo guiada por el magistrado Juan Ramón Berdugo, encargado de analizar el caso y exponerlo a los demás miembros de la Sala.

Más allá de lo que decidan finalmente, la decisión de la Junta de Fiscales este martes suma argumentos para un futuro recurso de la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional y en su caso ante Europa.